La decisión, ya confirmada por el Ministerio de Interior, de enviar policías y guardias civiles para investigar en Ucrania los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a Rusia, parece bastante acertada. Al fin y al cabo, el Gobierno español se ha significado siempre como uno de los grandes expertos en investigar nada. Allí puede aportar su experiencia en crímenes del franquismo, miles de denuncias de torturas, muertes en dependencias policiales… bagaje suficiente para garantizar que, las conclusiones, serán las convenientes. Con suerte, encuentran algún manual ruso de cómo cometer crímenes de guerra.

Mientras, Pablo González, periodista vasco detenido en Polonia cuando ejercía su labor, cumple 2 meses encarcelado. Desconocemos todo acerca de su situación, todo, porque su incomunicación es total. A las autoridades españolas no les quita el sueño, pero a la mayoría de sus colegas de profesión, tampoco. Y no sé qué es más grave.

Sí sé que, de haber caído en manos rusas, lo veríamos a diario en todos los medios, denunciaríamos, una por una, las violaciones de sus derechos; invocaríamos la libertad de prensa, vestiríamos camisetas de #yosoypablogonzalez y compartiríamos, con toda empatía, la angustia de su familia. Pero Pablo está, como en su día estuvo José Couso, en el lado equivocado de la noticia.