Perseverar para amparar a las víctimas por igual

El Foro Social Permanente nace con el objetivo de facilitar acuerdos multilaterales para cerrar las consecuencias del ciclo de violencias. Con nuestros aciertos y con nuestros errores, es evidente que hemos conseguido aportar de forma eficiente a los grandes avances logrados desde nuestra constitución en 2016.

Pero nunca ha sido fácil y no lo es tampoco hoy: hemos pasado momentos muy difíciles en estos años, soportando grandes presiones, nos hemos sentido incomprendidos, fuera de agenda, predicando en el desierto. En ese contexto tomaba siempre sentido aquel consejo de los mediadores internacionales: «Hay que perseverar».

Y eso es lo que estamos haciendo en todo lo que tiene que ver con los tres aspectos que quedan por resolver: víctimas, personas presas y memoria crítica inclusiva. Aspectos que hace cuatro años, después de la disolución de ETA y el desarme civil un año antes, identificamos como prioritarios tras un proceso de consenso dentro del Foro Social.

Muchas cosas han pasado desde aquel 4 de mayo de hace cuatro años en Kanbo.

En este camino para la construcción de un proceso de paz, el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete, y todo lo ocurrido en torno a esa fecha, ha supuesto un antes y un después que, a nuestro juicio, ha asentado un escenario mejor para afrontar las tareas aún pendientes, adecuando las metas al escenario actual.

Es en este contexto post-Aiete en el que se hace pública la decisión del EPPK que encauza definitivamente la resolución de los ongi etorri y también es ahí cuando el Foro Social decide situar como eje prioritario de su trabajo la superación de la discriminación que sufren las víctimas del GAL, BVE, las torturas y violencias policiales, etc.

Para llegar a esa conclusión partimos del siguiente diagnóstico: existe todavía una profunda discriminación hacia las víctimas del Estado que se expresa de múltiples maneras. Y queremos conseguir un objetivo: superar toda expresión de discriminación de obra o de palabra hacía todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos.

Hoy en día, esta discriminación se aprecia en el ámbito institucional, aplicando políticas públicas diferentes en función del tipo de victimario; y también en el ámbito social, en ese imaginario colectivo que aún determina que, cuando se habla de víctimas, se piensa solo en las de ETA.

Entre ambos, multitud de evidencias: medallas y ascensos a torturadores; memoriales e informes que reconocen a víctimas obviando que eran victimarios; leyes que se convierten en losas en la búsqueda de la verdad para el 38% de los casos aún por resolver; mantos de silencio ante hechos como la filtración de las grabaciones sobre la bomba que acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa; mantos de sospecha sobre ciertas victimas e invisibilidad mediática para la mayoría; e incluso recientemente hemos presenciado un episodio de revictimización de las víctimas de la tortura desde el mismo estrado del Congreso.

En definitiva, un tratamiento permanente no igualitario que provoca una sensación de abandono, de ser víctimas de segunda categoría, y que genera una profunda revictimización entre las víctimas del Estado, además de una profunda fractura en la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales y una desconfianza en la justicia.

En los últimos meses han sido numerosas las expresiones de discriminación que hemos venido constatando y que, debemos reconocerlo, no han adquirido el eco público que merecían.

Tenemos el convencimiento de que actos así en ningún caso hubieran sido tolerados si hubiesen hecho referencia a víctimas de ETA o hubiesen tratado de enaltecer o justificar la violencia que las golpeó. Y así tiene que ser.

Es por ello que, sin ese profundo reseteo colectivo que viene proponiendo el Foro Social, no lograremos amparar a las víctimas por igual.

Para ello son precisas leyes, gestos y posiciones públicas.

La Ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma Vasca –y la similar que se pondrá en marcha antes de verano en Navarra– pueden paliar en parte este déficit. Estas leyes son el principal instrumento de reparación y por ello hemos pedido a las víctimas que, superando las desconfianzas, el cansancio y el hartazgo acumulado, se las apropien y presenten sus respectivos expedientes.

Pero estas leyes deben ir acompañadas de gestos públicos de reconocimiento y ahí las instituciones tienen una enorme responsabilidad.

El acto de reconocimiento del Gobierno Vasco a Mikel Zabalza en Orbaizeta fue un paso necesario e importante para reconstruir la confianza, pero, si detrás no vienen nuevos pasos y no se implementa una política permanente, corre el riesgo de generar una nueva discriminación entre las propias víctimas del Estado.

Además, están las posiciones y actitudes. Y en este terreno toda la sociedad tenemos responsabilidad, especialmente las instituciones, ya que están obligadas a una posición pública igualitaria impecable.

Si entendemos que todas las víctimas son de todos y todas, de toda la sociedad, si debemos ampararlas a todas, entonces debemos avanzar en la superación de las dinámicas cruzadas de discriminación todavía existentes. Para ello, es necesario empatizar, respetar y hacer nuestro como sociedad el sentimiento sobre lo sucedido que cada una de las víctimas pueda tener.

Posdata: No queremos acabar sin referirnos a la guerra en Ucrania. Desde este pequeño lugar en el mundo, queremos expresar el convencimiento de que no hay otro camino que no sea la construcción de la paz basada en una cultura de derechos humanos. Ni podemos ni debemos dar lecciones a nadie. Pero sí queremos mandar un mensaje de esperanza, el mismo que nos hacían llegar a nosotras desde la comunidad internacional cuando nuestro proceso de construcción de paz tantas veces encallaba y no veíamos salida: «Hay que perseverar». En lo más oscuro de la noche, al menos, no dinamiten todos los puentes, porque más tarde o más temprano, el día amanecerá y deberán dialogar.