Dignidad para las trabajadoras de intervención social

En 2010 comencé mi andadura laboral en el sector de intervención social como educador en un piso tutelado de menores del Gobierno, subcontratado con una empresa privada. Trabajaba de noche y tenía que trabajar simultáneamente en otro sitio para poder llegar a fin de mes, no porque tuviera muchos gastos o fuese muy caprichoso, sino por el miserable salario que cobraba, 800 euros a jornada completa, sin plus de nocturnidad, por supuesto. Trabajaba once horas cada noche y solo me pagaban ocho, porque según decían, se podían dormir las otras tres...

A los pocos meses pasé a trabajar a turnos durante el día (mañanas, tardes, fines de semana y festivos), por lo que mi salario aumentó algo, pero no tanto, hasta los 1.000 euros, trabajando en un servicio esencial público, prestación garantizada de la cartera de derechos sociales. Así durante varios años, sin ningún tipo de subida salarial, ni pluses de turnicidad, festividad, ni antigüedad... Padeciendo, eso sí, un empobrecimiento acumulado del 10% por la subida del IPC durante una década.

Esta vivencia es la mía personal, pero es la trágica historia de cientos de trabajadoras más. Ámbito feminizado, privatizado, precarizado, maltratado institucionalmente y abandonado históricamente. Quien ha trabajado en este sector sabe de lo que estoy hablando.

Por suerte, en enero de 2021 conseguimos un convenio que mejoraba sustancialmente nuestras condiciones laborales: aumento salarial, garantía del IPC, pluses, reducción de la jornada anual, aumento de vacaciones y otras muchas más cosas.

Ahora, cinco entidades que, pese a estar invitadas, no quisieron participar en la negociación, quieren que retrocedamos una década. Acción contra el Hambre, Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Cáritas han impugnado el convenio pidiendo su nulidad. Sorprendente cuando estas tres últimas no lo están aplicando.

Cruz Roja ha firmado el suyo propio, Secretariado Gitano ya tenía convenio propio y Cáritas se ha descolgado del sectorial. Todo esto sucede mientras no han demostrado tener problema económico alguno que les impida aplicarlo.

Nuestra preocupación es clara, no entendemos esta actitud de parte de quien promueve la justicia social, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, objetivos que compartimos plenamente. La nulidad del convenio condenaría a las plantillas a volver a situarse en parámetros de pobreza económica y, en consecuencia, empeoraría sustancialmente no solo las condiciones laborales, sino también los servicios públicos. Tener vivo este convenio es una necesidad social para beneficio de toda la ciudadanía.