«La independencia es la única vía para terminar con la represión»

Abogada de profesión, Dolors Feliu (Roda de Ter, 1964) llega para continuar la tarea de su predecesora, Elisenda Paluzie, pero con un mandato mucho más nítido y contundente. Antes de tomar las riendas de la ANC, fue directora general de Derechos y Asuntos Constitucionales de la Generalitat e integrante de Juristes per la Independència.

La nueva cara visible de la ANC responde al perfil que en el mundo del derecho se conoce por primus inter pares; es decir, el primero entre iguales que da fuerza al cabal humano que distingue el movimiento. Abogada de profesión, Dolors Feliu tiene claro el horizonte de la entidad que dirige. Asegura que, si los partidos no están por la labor, en 2025 la sociedad civil cogerá las riendas para materializar la República catalana.

Hace unas semanas tomó el relevo de Elisenda Paluzie al frente de la ANC. ¿Cómo valora su gestión?

Ha sido muy positiva, pues ha mantenido la independencia como eje central de la Assemblea y, ante la represión y los sectores que han aparcado el objetivo del Estado propio, ha logrado empoderar a la gente fortaleciendo el soberanismo en sindicatos, colegios profesionales y otros espacios de poder. Una estrategia que, junto a la movilización, hay que seguir profundizando.

Algunas voces consideran que la falta de unidad entre los partidos soberanistas ha llevado al independentismo a tocar fondo. ¿Coincide con ello?

Quizás el problema es habernos dejado arrastrar por una dinámica reactiva, dónde prevalece la indignación ante el espionaje, los ataques a la lengua catalana o las escasas inversiones del Estado en Catalunya. Precisamente por esto decimos que la independencia, que suscita un gran apoyo a lo largo del territorio, no puede esperar más.

El 2013 escribió el libro «Manual per la independencia», que el expresidente Artur Mas y otros dirigentes recomendaron. ¿El diagnóstico que hacía ha cambiado desde entonces?

La principal novedad es que el Estado se ha endurecido. Tanto es así que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional prohíbe que, dentro de la Cámara catalana, se hable de autodeterminación, referéndum, debate constituyente o monarquía. Un escenario de retroceso e involución democrática que es muy difícil de afrontar.

También se ha desvanecido la idea de que la independencia se lograría transitando «de la ley a la ley»…

Entonces se planteaba seguir el ejemplo de Escocia, donde basándose en la Constitución provisional, se elaboró un esquema que daba potestad a la población para expresar su voluntad de forma democrática. También se valoró la vía adoptada por Canadá en 1998, que a través de un dictamen del Tribunal Supremo abría la posibilidad que el Parlamento de Quebec realizara un referéndum y que, en caso de que ganara la opción independentista, el Estado tuviera que negociar la secesión.

¿En el Estado español estas vías han quedado cerradas?

Aquí el Estado tenía margen de maniobra, pues podía seguir los pasos de Canadá, que toleró los dos referéndums de Quebec. Pero lejos de hacerlo, primero impugnó la consulta de 2014, lo que condujo al Ejecutivo de Artur Mas a transformarla en un proceso participativo, y cuando llegó el referéndum de 2017, optó por la represión física y, acto seguido, abrió pleitos contra sus organizadores.

¿Se negó a explorar medidas intermedias?

Aún diría más. Utilizó las leyes de desconexión y otros procedimientos adoptados por el Parlament para establecer causas penales. Es decir: se aprovechó de este trabajo para identificar un delito para cada uno de los acusados, desde la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hasta los consellers del Ejecutivo de Puigdemont y las entidades que dábamos apoyo al 1-O. Esto no puede volver a repetirse.

¿Debemos concluir que el Estado no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación?

Hoy es imposible. Dicen que la Constitución lo impide y que, en caso de celebrarse, sus promotores se arriesgarían a penas de prisión, pues a través de la modificación de ley orgánica del Tribunal Constitucional de 2015, vuelve a ser delito. Como máximo, el Parlament podría impulsar el debate sobre la reforma de la Carta Magna para exigir su reconocimiento. Un hecho que daría voz a los políticos, expertos y organismos para los cuales los conflictos territoriales han de resolverse mediante un referéndum. Pero, incluso así, dudo que el Estado cambiase de postura. Solo lo hará si la fuerza movilizadora de la sociedad le obliga a hacerlo.

¿Tampoco ve recorrido en la Mesa de diálogo que abandera ERC?

Las pruebas lo corroboran. De ahí que lo mejor sería cerrar esta etapa, pues la demora juega a favor de Pedro Sánchez, que en clave interna pero también internacional le permite exhibir que el conflicto con Catalunya se ha reconducido y que la convivencia se ha pacificado del todo. Hay que finiquitar este ciclo, para el cual sería deseable que ERC rompiera amarras con el PSOE, y trazar una estrategia efectiva para lograr la independencia en 2025, que, por otro lado, es la única vía para terminar con la represión.

¿Las condiciones en 2025 serán más favorables?

La fecha surge del mandato de la ANC de aprovechar cualquier tesitura electoral -y la legislatura en el Parlament acaba el febrero de 2025- para promover un cambio de escenario. Al margen de tener un horizonte, despeja la actual nebulosa y puede animar a la gente a activarse de nuevo.

¿Con la movilización sería suficiente?

La movilización ha de conllevar un mandato que dé pie a una declaración de independencia en el Parlament ante la cual no haya marcha atrás. Con la diferencia de que hemos de ser las Organización es de la sociedad civil, incluido el Consell per la República, quienes presionemos a los partidos para que se comprometan a hacer este paso. Y si no lo hacen, entonces estudiaremos presentar una lista cívica que aglutine el máximo de voto independentista.

¿Confía en que las tres fuerzas soberanistas (ERC, Junts y la CUP) reaccionen a esta presión?

Se entrevé cuando algunos líderes admiten que pedir responsabilidades al Estado por el espionaje o por sus incumplimientos en materia de inversiones es estéril y que la única salida es la independencia. Aunque repito: si queremos llegar a ese escenario, la sociedad tiene que tomar la iniciativa y no esperar a que los partidos guíen el rumbo del proceso. Y eso no supone cuestionar su legitimidad, de ningún modo. Pero o se ganan la confianza o, por el contrario, podría salir una lista que canalice los partidarios de un proyecto que haga efectiva la República.

A todo ello, ¿qué papel pueden jugar los ayuntamientos?

Falta conocer que pasará en los comicios del año que viene. En cualquier caso, cada vez son más los que optan por la soberanía fiscal al transferir todos sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana y, en la medida en que no obedecen tanto a las cúpulas de los partidos, visualizan de forma más nítida el deseo mayoritario de independencia de la población. Recordemos la cantidad de alcaldes que se involucraron el 1 de octubre.

En los últimos meses, la Assemblea se ha opuesto a los Juegos de Invierno de 2030, ha defendido la soberanía energética y ha exigido el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en Barcelona. ¿Todas estas posturas prefiguran la necesidad de imaginar la Catalunya del futuro?

Van de acorde con la iniciativa de Debat Constituent, cuyo objetivo es explicar los motivos por los cuales queremos la independencia y que, dentro del Estado español, estos son imposibles de garantizar. No solo porque lo impiden la alta magistratura o el denominado ‘Deep State’ con sus maniobras. También a través de la Fiscalía, los diferentes ejecutivos han impugnado nuestras decisiones. Es, por tanto, todo el Estado y no únicamente una parte el que, en aras a la unidad territorial, incumple sus promesas y nos recorta las libertades.

El próximo 2 de julio, de la mano de Gure Esku Dago, iluminaréis 300 cumbres de todo el Pirineo. ¿Hay que intensificar los vínculos entre ambos pueblos?

Cualquier iniciativa que ayude a reivindicar conjuntamente el derecho a la autodeterminación es bienvenida, y la Vía Pirinaica es una más. Por tanto, aunque partimos de realidades, contextos y procesos históricos diferentes, coincidimos en reclamar ante la comunidad internacional el fin de la represión y nuestras ansias de libertad y plena soberanía.