EDITORIALA

Amenazan con cárcel la solidaridad con Tubacex

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y siete meses para tres jóvenes de Aiaraldea por haber participar en los piquetes organizados por los trabajadores durante la huelga de Tubacex. Dos años y diez meses por desórdenes públicos y un año y nueve meses por atentado a la autoridad son los sumandos de la macabra contabilidad de la Fiscalía. Una petición de penas absolutamente desproporcionada para intentar castigar a unos jóvenes solidarios que fueron identificados durante unas cargas policiales en las que los agentes de la Ertzaintza se emplearon con violencia, y utilizaron porras y balas de foam para disolver a los trabajadores.

No fue el único episodio en el que la Ertzaintza recurrió al uso la fuerza contra los trabajadores durante la huelga. La persecución, además, continuó tras el fin de la protesta con el envío de una importante remesa de multas. El consejero de Seguridad de Lakua, Josu Erkoreka, justificó las sanciones señalando que la Ley Mordaza seguía vigente. Una declaración que desdeñaba la labor del Parlamento Vasco que para entonces ya había aprobado una declaración en la que instaba a no aplicar una ley que básicamente persigue entorpecer el ejercicio de derechos fundamentales.

Las cargas policiales y multas contra los trabajadores buscan criminalizar las protestas laborales y debilitar al movimiento obrero. Con la abultada petición fiscal de cárcel para tres jóvenes pretenden también amedrentar a aquellos colectivos que muestran solidaridad con la lucha de los trabajadores. Otra vuelta de tuerca contra el legitimo derecho de los asalariados a luchar en defensa de sus legítimos intereses. Una lucha que no solo es legítima, sino también necesaria para construir una sociedad más justa y democrática.

Los jueces dieron la razón a los trabajadores y anularon los despidos. Tubacex ha informado recientemente de que cuenta con una cartera de pedidos récord, un dato que refuerza todavía más que la posición mantenida por los trabajadores. Y a pesar de todo, las autoridades continúan con la persecución. Quieren evitar a toda costa que el ejemplo de una lucha ejemplar se extienda, pero llegan tarde.