El ex procurador (fiscal) general de México Jesús Murillo Karam llegó ayer al Reclusorio Norte, donde estaba previsto que declarara ante un juez y que fuera informado por la Fiscalía de las imputaciones en su contra por su presunta responsabilidad en relación con la investigación sobre el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal para maestros rurales de Ayotzinapa, ocurridos los días 26 y 27 de setiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

Murillo Karam fue arrestado el viernes en su casa ubicada en un exclusivo barrio de Ciudad de México por «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia», informó la Fiscalía General (FGR) en una nota. Es el exfuncionario de más alto rango detenido por la desaparición de los normalistas, un caso que conmocionó a México y traspasó fronteras.

Horas después de su detención, la Fiscalía informó de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, y de otras 19 dictadas contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores.

El abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam «un paso importante», pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.

Murillo, procurador durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000. El PRI aseguró que la detención «responde más a un tema político que de justicia».

«Crimen de Estado»

La detención se produjo horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiera «verdad» y castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, tras la publicación el jueves del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del «caso Ayotzinapa», de la Secretaría de Gobernación (Segob), que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado».

El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus «acciones, omisiones o participación», permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes y seis personas más a manos del cártel de Guerreros Unidos.

«Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos», añadió López Obrador.

El informe de la comisión gubernamental destacó «responsabilidades claras de elementos» de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advirtió de que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación. «Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo», prometió López Obrador, después de que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de Inteligencia necesarios para las investigaciones.

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sostiene que militares manipularon pruebas en el basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora.

«Verdad histórica» rechazada

Los hallazgos de ese grupo y de la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada «verdad histórica» planteada por el Gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente y defendida por Murillo Karam, que dirigió la investigación. Esa versión oficial ocultaba la responsabilidad del Estado y mantenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes al ser confundidos con miembros de una banda enemiga y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Tanto las familias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su GIEI refutaron esa versión y concluyeron que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. La citada Comisión para la Verdad ha coincidido en este sentido con los expertos.

El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo las órdenes de Murillo Karam.

La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del Gobierno.

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