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Un fiscal pide doce años de cárcel e inhabilitación por vida para Cristina Fernández

Piden prisión para la vicepresidenta de Argentina por presuntas irregularidades al adjudicar obra pública cuando era presidenta. Para CFK es «un juicio al peronismo cuya sentencia está escrita».

Partidaria de CFK mira la declaración en directo que dio tras el fallo. (Juan MABROMATA | AFP)

El fiscal Diego Luciani ha solicitado una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su etapa como presidenta. Ha pedido, además, que sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.

El Ministerio Público, que presentó su petición el lunes, estima en 39 millones de euros la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que ha pedido 10 años de cárcel. «Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes», señala el fiscal.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales «montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

«Me hubiera gustado hablar frente al tribunal», comentó ayer Fernández, para luego lamentar que no le hubieran permitido transmitir la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le hayan rechazado la ampliación de la misma.

«No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita», comentó en un discurso emitido a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado, del que es presidenta.

«Un día muy ingrato»

Tras conocer la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, señaló en un comunicado que «hoy es un día muy ingrato» para alguien como él, con experiencia en Derecho, y transmitió su «afecto y solidaridad» a Fernández.

El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de CFK sobre la existencia de una «persecución judicial y mediática» contra ella, y que hay un intento de poner la Justicia «al servicio de los poderes fácticos».

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de setiembre y que la sentencia se conozca en diciembre. Previsiblemente, un hipotético fallo condenatorio daría pie a una cadena de recursos y podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.

A favor y en contra

Durante la noche del lunes al martes, grupos a favor y en contra de la vicepresidenta se manifestaron en Buenos Aires, a las puertas del edificio donde tiene su residencia. Hasta allí llegaron primero personas opositoras al Gobierno, que celebraron la decisión del fiscal. Más tarde llegaron personas afines a la expresidenta y ambos grupos comenzaron a cruzar insultos. Rápidamente se desplegaron fuerzas policiales y hubo momentos de gran tensión.