El problema de la justicia española no es el CGPJ

El esperpento en el que el poder judicial español lleva años instalado conoció ayer un nuevo episodio con la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca ahora una pátina de neutralidad para la cual llega demasiado tarde. Nueve años ha estado en el cargo, casi la mitad de ellos fuera del mandato de cinco años para el que fue elegido.

El CGPJ es escogido a partes iguales por el Congreso y el Senado y sus candidatos requieren el visto bueno de tres quintas partes de los parlamentarios. Esto hace que el acuerdo entre PSOE y PP sea indispensable. El actual CGPJ fue elegido en 2013 y refleja el equilibrio de poder de entonces, arrojando una mayoría conservadora. Lo lógico, ahora mismo, sería que la renovación cambiase en cierta medida las tornas y reflejase una orientación algo menos conservadora sin perder nunca de vista que hablamos de poder judicial español. El PP se ha negado por activa y por pasiva a renovar un CGPJ que ahora domina y que en los últimos años ha tenido un peso importante en cuestiones diversas pero cruciales, desde la desactivación paulatina y silenciosa de los casos de corrupción más peligrosos para la derecha española, al macrojuicio contra los dirigentes independentistas catalanes a cuenta del Procés. Este bloqueo le ha valido al Estado español más de un estirón de orejas por parte de la Unión Europea, que ha conminado a renovar ya el CGPJ y a reformar el sistema de elección.

Pero sería absurdo pensar que el problema del poder judicial español radica en el desacuerdo entre PP y PSOE o en el sistema por el cual se elige. El problema del poder judicial español es genealógico -bebe directamente de la dictadura franquista-, estructural -el acceso a la carrera judicial sigue estando, mayoritariamente, dominado por un círculo muy conservador, cerrado y elitista- y funcional: en sus altas esferas, sirve para alterar y capar procesos democráticos. El poder judicial es la puerta de atrás del Estado español, aquella a través de la que se imponen las medidas que el Estado profundo no logra sostener por medios democráticos. Ninguna reforma que no altere esta realidad significará un cambio real.