La transición obliga a cambiar las reglas del juego

El Gobierno español ha iniciado los trámites para salir del Tratado de la Carta de la Energía. Así, de un plumazo y sin grandes dramas, lo que parecía imposible se convierte en realidad. El Tratado es una trampa que ata de manos a los Estados a la hora de definir su política energética y adaptarla a las exigencias de las actuales crisis acumuladas. De hecho, infinidad de organizaciones ecologistas e incluso el IPCC -el panel de expertos de la ONU sobre cambio climático- lo tienen en su punto de mira por ser uno de los principales obstáculos en el camino de la transición ecosocial que los tiempos requieren.

La Carta de la Energía eleva a los altares a los tribunales de arbitraje, a los que una empresa puede recurrir cuando un Estado toma una decisión que considera que puede afectar sus ganancias futuras, aunque esté tomada para luchar contra la crisis climática. Hasta el Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado que estos tribunales no pueden quedar por encima de la justicia ordinaria, pero lo cierto es que, en la práctica, tratados como el de la Carta de la Energía garantizan que así sea, imponiendo multas exorbitadas a Estados o, aún peor, cohibiendo a los Gobiernos de implementar las políticas audaces que los tiempos reclaman. El capitalismo neoliberal, lejos de ser el reino del libre mercado, tiene instituciones y resortes muy concretos que regulan y garantizan la prevalencia del interés mercantil por encima de cualquier otra consideración política o medioambiental. Esta arquitectura tiene uno de sus puntales en el Tratado del que ahora se sale el Estado español. Otros países, sobre todo europeos, están pensando en dar el paso, lo cual sería una noticia todavía mejor.

La transición que, por las buenas o por las malas, va a venir no versa solo sobre el cambio a las renovables. Debe traer aparejada una transformación y una democratización del sistema energético, en un proceso que debe darse tanto a nivel local -con proyectos que, a diferentes escalas, garanticen la supeditación de las infraestructuras energéticas al bien común- y a nivel global, con la eliminación de instancias poco conocidas pero cruciales como la Carta de la Energía.