En la CAV existen 4.456 personas sin hogar que subsisten en la calle. Un 113,2% más que hace diez años y, solo en Gasteiz, un 132,2%. En 2012, cuando los estragos sociales de la crisis sistémica del 2008 todavía se hacían notar con gran crudeza, los responsables de Lakua y de otras instituciones aseguraron que no había que alarmarse, que se emplearían todas las políticas necesarias para que «nadie se quedará atrás». Con los efectos devastadores de la pandemia repitieron lo mismo, prometiendo que los Fondos Europeos ayudarían a mantener la dignidad de vida de todas las personas. Tan solo la frialdad de una encuesta ha valido para desmoronar la mentira y demostrar que el Ejecutivo vasco va perdiendo la vergüenza a medida que aumenta su cinismo. La pobreza, los desahucios y la exclusión van a más y los famosos fondos, además de financiar proyectos que solo benefician a unos pocos bien situados cerca de los jeltzales, serán gestionados y evaluados por Deloitte, una firma involucrada en el mafioso escándalo de las asesorías que se unieron para defraudar al erario público. Si la dura realidad de la calle no hiere la solidaridad humana, la gubernamental no indigna y ambas no nos hacen tomar las calles y hasta el Palacio de Invierno es que, tristemente, esta sociedad está más enferma de lo que creía.