Esta semana se han cumplido once años desde la Declaración de Aiete y la histórica decisión de ETA. Y ha pasado un año desde la Declaración del 18 de Octubre, en la que la izquierda independentista, por boca de Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, reivindicaba el camino transitado en este periodo, se reafirmaba en sus compromisos, reivindicaba el diálogo y enviaba un mensaje sentido dirigido en especial a las víctimas de ETA.

En la entrevista que con este motivo retransmitió el pasado lunes NAIZ, Otegi rememoraba cómo, al salir de la cárcel hace ahora siete años, ya «preveía que iba a ser difícil construir la convivencia y dije que un día deberíamos alcanzar una etapa que en la que todos y todas entendamos que no hay víctimas de una parte y de otra; todas son nuestras víctimas».

Otegi lleva su reflexión más allá y plantea que con los presos y presas debería pasar algo similar. «Todo el mundo debería entender que, junto a la reparación de las víctimas, este es un problema de todos y todas, no solo de la izquierda independentista», señalaba en la entrevista. «Lo que hemos vivido aquí ha generado víctimas en todas las partes. Todas han sido víctimas en este país y todos sentimos que lo hayan sido. Con los presos debería ocurrir lo mismo; no son nuestros presos, son los presos que ha dejado una fase histórica en este país, y la resolución debería ser atendida como una aportación a la convivencia», concluía.

Responsabilidades cruzadas

La reflexión de Otegi tiene un paso lógico más. Si la izquierda abertzale ha asumido su particular responsabilidad en el dolor causado a las víctimas de ETA -y es lógico que así sea-, lo más coherente sería que la liberación de los presos fuese demandada precisamente por los estamentos del estado que han gozado de una impunidad inaceptable.

Son los cargos políticos y de la judicatura que diseñaron y ampararon delitos graves, y los policías que los ejecutaron, todos sin castigo alguno, los que deberían decir que ya es suficiente. Porque las dos caras de la excepcionalidad jurídica que se ha aplicado en el conflicto vasco son, por un lado, el castigo despiadado contra los militantes vascos y, por otro, la impunidad obscena para los agentes españoles. Si no tienen valor para renunciar a la impunidad, que tengan la decencia de no perseverar en la venganza.

Tanto desde una perspectiva de paz como desde una bélica, sea desde la empatía o desde el honor, las FSE podrían hacer una aportación si, conscientes de esa impunidad, apostasen institucionalmente por la convivencia y por la liberación de los presos vascos. Claro que, en vez de eso, se han dedicado a construir imputaciones para alargar condenas, a abrir procesos sin base legal o a retorcer la ley en favor del sadismo. El caso de Xabier Atristrain es paradigmático.

Mientras tanto, hay víctimas de la violencia que han adoptado un compromiso vital con la convivencia. Valoran la Declaración del 18 de Octubre en su justa medida y desearían pasos similares por parte de otros agentes. Este es un fenómeno que también se ha dado en otros conflictos. No siempre, claro está.

La película “Argentina 1985” relata de manera brillante el proceso civil que en ese año y en ese país condenó a la cúpula de la dictadura comandada por Jorge Rafael Videla. Ese proceso vino después de la farsa del juicio militar, donde no solo no condenaron a sus colegas, sino que negaron y justificaron sus crímenes. Acertadamente, algunas personas recuerdan que si en España no hay películas así es porque no ha habido juicios así. A su vez, en 2022 en Euskal Herria, se dan gags macabros con gritos equivalentes a «Gora Videla! Gora Massera! Gora ESMA!». Parecen no imaginar el papel que tendrán cuando se haga la película de esta época. Deberían cambiar cuanto antes de guión y dejar de ser «fachos» y «refachos».