La sorda lucha entre el Estado y los oligopolios

Una denuncia de la asociación de consumidores Facua ha dejado al descubierto que las compañías eléctricas, y entre ellas Iberdrola, habrían estado ocultando información sobre la tarifa del gas regulada por el Gobierno (TUR) para evitar que las familias se cambien de sistema de precios. Facua también apunta en su denuncia la perenne falta de personal en los servicios de atención telefónica y el alargamiento injustificado del tiempo necesario para cambiar de una tarifa a otra. Tarde, como siempre, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha empezado a indagar en el asunto.

Los grandes oligopolios que dominan mercados clave, como el de la energía, no solo anuncian cada mes un nuevo récord de beneficios, sino que además sus directivos se oponen públicamente a cualquier iniciativa política que los pueda recortar. Así, Josu Jon Imaz cargó contra el impuesto para gravar los beneficios extraordinarios que continúa su trámite parlamentario, después de que ayer se rechazara la enmienda a la totalidad de Ciudadanos. Sánchez Galán fue incluso más allá y se permitió llamar «tontas» a las personas que optaron por continuar con la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno. La soberbia les impide comprender que los actuales precios de la energía suponen un coste desorbitado para muchas familias. Además, estos oligopolios han acumulado tanto poder dictando a los sucesivos gobiernos españoles cómo regular en su beneficio el mercado de la energía que, llegado el momento en el que sus dividendos resultan obscenos, son incapaces de frenar, y siguen exprimiendo a la gente humilde con argucias más propias de tahúres que de empresarios.

La lucha entre el Ejecutivo y los oligopolios energéticos, unas veces soterrada otras explícita, muestra en toda su crudeza la debilidad que para un Estado supone privatizar un suministro básico como la energía. Las tarifas reguladas y los impuestos a los beneficios extraordinarios son medidas paliativas, pero tarde o temprano habrá que afrontar la necesidad de una gestión pública de la energía. Un paso que pone a Euskal Herria ante el reto de avanzar hacia un Estado propio.