NOV. 05 2022 La Policía deberá pagar 100.000 euros por dejar tuerto a un manifestante Aingeru Zudaire, que perdió la visión completa de un ojo por un pelotazo a bocajarro de la Policía española, debe ser indemnizado con 100.000 euros, según decreta la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. La sentencia llega tras un infierno judicial de 12 años, que el afectado convirtió en una pelea personal contra estos proyectiles. Zudaire, sentado y con gafas de sol, recibiendo el respaldo de sus vecinos de Atarrabia. (J. MANTEROLA | FOKU) Aritz INTXUSTA IRUÑEA Tras doce años de litigio, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional española ha estimado parcialmente el recurso presentado por Aingeru Zudaire «en relación a la desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Ministerio del Interior, declarando el derecho de aquel al abono en tal concepto de la cantidad de 100.000 euros». Los hechos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2012, cuando se sucedieron cargas policiales contra las miles de personas que acudieron al discurso principal en el Paseo Sarasate de los sindicatos ELA y LAB en una huelga general. Fue en esos incidentes en los que Zudaire recibió el impacto de una pelota de goma en uno de los ojos, perdiendo la visión. Según relató, fue una bala de goma disparada sobre él a bocajarro en el Paseo Sarasate y sin que el policía mantuviera la distancia obligatoria (menos de la mitad de lo reglamentado) ni hiciera rebotar a la pelota. A partir de ahí, Zudaire inició una larguísima y penosa batalla judicial, que el afectado convirtió también en política, acudiendo al Parlamento y llevando a cabo una intensa campaña para la erradicación de estos proyectiles. Polémica instrucción La batalla, hasta el momento, estuvo llena de trabas y obstáculos. Los más graves los encontró en la propia Audiencia Provincial de la capital navarra. La propia instrucción, llevada a cabo por el juez Fermín Otamendi, resultó enormemente polémica. El postulado de este juez fue que no cabía solicitar indemnización alguna al Ministerio del Interior, pues los incidentes habían revestido tal gravedad que el empleo de cualquier medio para sofocarlos estaba justificado. El juez llegó a observar que quienes deberían cargar con la indemnización serían los sindicatos. La polémica por este razonamiento ocupó los informativos de todo el Estado. Posteriormente, este mismo juez sostuvo que las diligencias debían archivarse por haber sido incapaz el afectado de identificar al policía que disparó sobre él. A través de un recurso, Zudaire logró que su caso siguiera adelante. En 2019, consiguió que su caso se viera en una vista oral en la que un policía concreto declaró como presunto autor del disparo. El juez no encontró, sin embargo, pruebas suficientes para condenar. No obstante, la sentencia emanada de ese juicio apuntaba claramente la responsabilidad del Estado en la pérdida completa de la visión en un ojo de Zudaire a consecuencia de una «pelota de goma» disparada por un agente que le causó «un traumatismo ocular con fractura orbitaria, edema corneal, hemovítreo, efusión uveal, iridodiálisis y desprendimiento de retina postraumático, por el que precisó tratamiento médico, con la consiguiente pérdida total de la visión del ojo derecho». Una vez aclarada la responsabilidad del Ministerio, quedaba determinar la indemnización. A esto responde la sentencia, que cifra la cantidad en 100.000 euros. Cabe recurso en casación. VÍA PENALEl proceso judicial se inició por la vía penal y se consiguió el hito de que uno de los agentes con lanzapelotas se sentara en el banquillo. El juez consideró que no había pruebas suficientes para condenar a ese policía en concreto. No fue un cierre en falso, ya que dio pie a la indemnización por la vía administrativa. CONDENASolo en una ocasión se ha conseguido una condena penal por lesiones causadas por una pelota de goma en Euskal Herria. Fue en el «caso Cabacas» y no fue la del policía que disparó causando la muerte al joven, sino de un mando de la Ertaintza. Le condenaron a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación.