Los desahucios continúan diez años después de que Amaia Egaña se suicidara cuando una comisión judicial y policial iba a hacerse cargo de su piso en Barakaldo. Aquella tragedia sigue presente en su pueblo, que ayer se movilizó para recordarla y denunciar que los desahucios no han parado. De hecho, subieron tras la pandemia, y aunque la mayoría se producen en viviendas de alquiler, en la CAV las ejecuciones hipotecarias se doblaron el año pasado. Los manifestantes exigieron, asimismo, que las instituciones apliquen el protocolo frente a los desahucios que firmaron en 2013.

A pesar de que la Ley de Vivienda de la CAV reconoce el derecho a una morada, desde las instituciones públicas apenas se han dado pasos para que ese derecho sea efectivo. El parque público de viviendas en alquiler sigue siendo minúsculo. Además, las instituciones han permitido la entrada de fondos buitre que ya controlan una parte significativa de la oferta de pisos en alquiler, lo suficientemente amplia como para condicionar los precios y empujar las rentas al alza. Si la provisión de viviendas a precios asequibles es escasa, los recursos de la gente también están disminuyendo rápidamente. Sin contar el poder adquisitivo que los salarios han perdido los últimos años, la actual inflación está adelgazando rápidamente los presupuestos familiares. A ello hay que añadir la cruel decisión del BCE de subir los tipos de interés, medida que trata de frenar la inflación a costa de gripar la economía. El coste de esa subida de tipos sobre la economía de los trabajadores ya se deja sentir en el aumento de las cuotas que hay pagar a los bancos por las hipotecas; y pronto se sentirá también en forma de despidos y crecimiento del desempleo.

Todo ello dibuja un panorama bastante duro y complicado. Si a muchas familias ya no les alcanza para pagar el alquiler es posible que pronto otras muchas familias tampoco puedan devolver la cuota de la hipoteca y los desahucios se disparen. La tendencia de la economía es bastante clara y debería ser suficiente para que los gobiernos se anticipen y tomen medidas para evitar a la gente sufrimientos y angustias por la pérdida de su vivienda.