Finalmente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se quedó solo, destituido y detenido. Ni el Congreso ni el Ejército ni el Poder Judicial ni sus ministros le respaldaron en el último y desesperado intento de zanjar la crisis que arrastraba desde su elección, y que denunciaron como un golpe de Estado.

El Congreso peruano aprobó su destitución por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones (se requerían 87 votos de 130 parlamentarios) solo unos minutos después de que Castillo decretara, en vano, la disolución del Legislativo y anunciara la elección de un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna.

El mandatario intentaba formar un Gobierno de emergencia nacional horas antes de que el Parlamento votara la prevista moción de vacancia (destitución) en su contra.

Era la tercera moción de este tipo presentada desde que Castillo llegó al poder. Había sorteado las dos anteriores, pero durante casi año y medio no han cesado las múltiples presiones y acusaciones que han llevado a un constante cambio de ministros. La Fiscalía le ha abierto seis investigaciones en menos de año y medio en el poder.

A la vez, Castillo ha ido perdiendo apoyos entre la izquierda que lo aupó a la Presidencia, mientras la derecha fujimorista no ha cesado en el hostigamiento desde el Parlamento y los tribunales. Los giros hacia la derecha en varios ministerios y el encaje de bolillos para mantener el equilibrio entre diversos sectores no mejoraron la situación.

Estos movimientos le habían dejado sin el apoyo del partido con el que concurrió a las elecciones, Perú Libre, y con un respaldo muy minoritario en el Parlamento.

Rechazos y dimisiones

En este contexto, ayer, con un temblor evidente en sus manos, el presidente peruano anunciaba el desesperado movimiento que fue denunciado por opositores y ministros como un golpe de Estado.

El presidente de Perú Libre, Alberto Cerrón, opinó que Castillo se había precipitado porque la moción no iba a contar con suficientes votos, pero el paso dado por el mandatario acabó por acelerar su destitución. El Legislativo lo ignoró, votó la vacancia y eligió a la hasta ahora vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva jefa de Estado.

Comenzando por EEUU, varios Ejecutivos también rechazaron el movimiento del presidente. Poco después, Castillo era detenido en la prefectura de la Policía de Lima.

En el discurso de toma de posesión, Boluarte, primera mujer presidenta de Perú, apeló al diálogo a todas las fuerzas políticas, pidió «una tregua» en las disputas políticas y anunció la formación de un Gobierno de unidad nacional, fijándose como prioridad la lucha contra la corrupción.

Se abre ahora la incertidumbre en un país que vive una crisis permanente desde hace décadas, con presidentes procesados y destituidos, golpes de Estado y la siempre latente amenaza del Ejército.

La nueva presidenta se enfrenta a la misma ultraderecha, el Parlamento fragmentado y la crisis social. Aunque proviene de Perú Libre, el partido izquierdista la expulsó por hacer públicas sus críticas hacia Cerrón. El adelanto de las elecciones parece la opción más probable.