Tres mil agentes realizaron ayer 128 registros en Alemania y dos más en Austria e Italia en el marco de la operación contra una red de extrema derecha integrada por civiles y exmilitares que, según la Fiscalía federal, presuntamente planeaba un golpe de Estado. Los 25 detenidos por orden del Ministerio Fiscal fueron puestos a disposición judicial, mientras que otras 27 personas serán acusadas de pertenecer o colaborar con una «organización terrorista nacio- nal». El operativo fue dirigido por la Fiscalía, con ayuda de la Oficina Federal de la Policía Criminal (BKA), el servicio secreto interior (BfV), el servicio de contraespionaje militar (MAD) y las policías judiciales de once de los 16 estados federados. Los registros incluyeron el cuartel del Comando Fuerzas Especiales (KSK), que fue realizado por el grupo especial de la Policía Federal, el GSG9.

La Fiscalía acusa a las personas arrestadas de formar parte, al menos desde noviembre de 2021, de una «organización terrorista con el objetivo de superar el actual orden constitucional en Alemania y de sustituirlo por otro ya organizado». Sus integrantes sabían que solo podrían lograrlo con el uso de medios militares y de violencia contra representantes del Estado, añade.

Según este auto, a todos les une «el profundo rechazo a las instituciones estatales y al orden fundamental libre y democrático de la República Federal de Alemania», y creen que Alemania está gobernada por miembros del «Estado profundo». Su visión se basa en una serie de mitos procedentes de QAnon, la teoría de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, y de los Ciudadanos del Reich (Reichsbürger), asegura la Fiscalía. Los Reichsbürger niegan legitimidad a la RFA, por lo que no respetan ni sus leyes ni a sus autoridades.

Se trata de un movimiento heterogéneo. Según medios alemanes, esta organización se llama Unión Patriótica y se considera parte de una «alianza» encabezada por una asociación secreta de Gobiernos, servicios secretos y militares de varios Estados, entre ellos EEUU y Rusia, que se preparaban para atacar pronto al «Estado profundo» en Alemania.

La Fiscalía señala al príncipe Heinrich XIII von Reuss como su futuro «jefe de Estado», y medios locales apuntan a un régimen monárquico. El Ejecutivo sería asumido por un «Consejo», en el que la jueza y exdiputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la también detenida Birgit Malsack-Winkemann, asumiría el cartera de Justicia.

Paralelamente se habría formado un «brazo militar», liderado por el ex teniente coronel de paracaidistas Rüdiger von P. (la Fiscalía alemana no da los nombres completos), arrestado también, igual que un sargento que trabaja en el Estado Mayor del KSK.

Además, fue detenida la pareja de Von Reuss, la ciudadana rusa Vitalia B., por «colaboración» al ser acusada de haber propiciado el contacto de su compañero sentimental, con la Embajada rusa de Berlín. Medios rusos aseguraron que su legación diplomática afirmó que sus oficinas en Alemania «no mantienen contactos con representantes de grupos terroristas o de otras unidades ilegales».

Un operativo más

La operación desarrollada ayer se suma a la lista de operativos contra la ultraderecha en los estamentos del Estado alemán. En 2020, Berlín se vio obligado a disolver toda una compañía del KSK por sus estrechos lazos con la extrema derecha. En 2021, el ministro de Interior de Hesse, el democristiano Peter Beuth (CDU), y el director de la policía de Frankfurt, Gerhard Bereswill, suprimieron el Comando Especial de Intervención (SEK). Sus integrantes, una veintena de policías, habían intercambiado mensajes de contenido ultraderechista, esvásticas e imágenes de Hitler en varios chats. En otras redadas contra grupos ultras se detectó la presencia de más policías y soldados que se preparaban para derrocar el orden constitucional en Alemania.

La ministra de Interior, Nancy Faeser (SPD), sostuvo que «nuestro Estado de derecho es fuerte. Sabemos defendernos con dureza contra los enemigos de la democracia». «Nuestra democracia es valiente», afirmó el titular de Justicia, Marco Buschmann (FDP). «El terror ultraderechista es el mayor peligro para nuestra democracia», escribió en Twitter, en nombre de sus socios de Gobierno, la jefa del grupo parlamentario de los Verdes, Katharina Dröge.

La diputada de Die Linke (La Izquierda) Martina Renner apuntó la fuerte presencia de los medios de comunicación en los registros. Señaló que la semana pasada ya se supo del operativo. «Si se divulgan informaciones tan sensibles de forma tan amplia se puede sospechar que se da más importancia a las relaciones públicas que al éxito de las investigaciones», concluyó.