Todas las crisis que ha sufrido Osakidetza durante el mandato de Iñigo Urkullu se han despachado con la misma premisa: no hay ningún problema, todo va como tiene que ir. Las declaraciones de Jon Darpón antes de dimitir por el escándalo de las OPE, las de Nekane Murga durante la pandemia y las de Gotzone Sagardui esta semana ante la crisis de la OSI Donostialdea comparten esa consigna.

El negacionismo no solo mina la credibilidad de los gestores de la sanidad pública a ojos de la ciudadanía vasca, sino que ahoga cualquier intento honesto de afrontar este debate. Si se niega la vivencia cotidiana de los problemas con los que se encuentran, por un lado, los y las pacientes y sus familiares, y por otro, el personal sanitario, el debate se torna mucho más complicado. El retraso en la atención, en pruebas y en cirugías es generalizado e incuestionable.

El contexto tampoco ayuda. La pandemia mostró defectos graves en los sistemas de salud, pero a la vez obligó a asumir situaciones difíciles de justificar porque todo era excepcional. La gente así lo entendió y actuó en consecuencia, con compresión y respeto. Pero el tiempo pasa y los problemas persisten.

Las respuestas tardías y las excusas de los responsables de la sanidad pública aceleran la tendencia que favorece lo privado. Los seguros privados crecen siendo parasitarios del sistema público.

Un «statu quo» que ha saltado por los aires

Nadie está hablando del todo claro en la crisis actual de Osakidetza. Las partes implicadas tiene demasiados intereses que defender y seguramente prácticas poco edificantes que tapar. Si el Gobierno dijese lo que piensa de algunos estamentos destaparía un sistema de reparto de poder y puestos inaceptable, en el que la responsabilidad última cae sobre el Ejecutivo. Las irregularidades en las OPE, la cuestión de los recursos humanos, la arbitrariedad en las relaciones sociolaborales… señalan a diferentes estamentos y a un equilibrio de años que ahora se ha dinamitado.

«La joya de la corona», el Departamento con el mayor presupuesto, implica decenas de puestos de libre designación, entes e institutos adscritos y muchos contratos. Algunos cargos tienen que medir su presión, porque dependen de quienes los pusieron a dedo. Saben lo que supone caer en desgracia.

Los y las trabajadoras, y sus representantes, no van a cuestionar abiertamente demandas de otros compañeros, por mucho que pertenezcan a otras categorías y tengan otras prioridades. Tampoco va a haber una denuncia clara de insolidaridades, privilegios o prácticas deontológicamente discutibles entre sectores o centros, aunque las haya.

El agravio territorial tiene su público y aparece en casi todos los temas. Es evidente que el PNV ha basculado el país hacia el territorio donde su poder resulta intratable, pero su gestión en otros terrenos tampoco ha sido ejemplar. Los problemas actuales de Onkologikoa no se pueden entender sin los tejemanejes en Kutxa y su privatización.

Gracias a la voluntad de servicio público

Mientras tanto, Osakidetza sigue funcionando porque miles de profesionales hacen bien su trabajo y ponen los intereses de los y las pacientes por delante. De igual manera que padece los problemas, la gente reconoce esta dedicación.

El debate político sobre la sanidad pública es prioritario para la sociedad vasca y necesita de la participación de todo el mundo. No hay salida tecnocrática válida para la ciudadanía: este no puede ser un debate cerrado y un pacto de compromisos corporativos. Si es cierto que todas las partes quieren el mejor sistema público de salud, deben exponer con transparencia sus intereses y propuestas.