Para la comisión parlamentaria que ha investigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 no hay dudas: Donald Trump violó la ley e incitó a la insurrección. Esa conclusión ha aumentado la presión sobre el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para que procese penalmente al expresidente estadounidense, pero llevar este caso, extremadamente político y crucial de cara a las presidenciales de 2024, a los tribunales y que estos resuelvan es un paso todavía lejano.

De hecho, ni Garland ni el Departamento de Justicia que dirige están obligados a seguir las recomendaciones de la comisión parlamentaria que el lunes votó, por unanimidad y tras 18 meses de investigación, pedir la imputación a Trump por obstrucción de un procedimiento oficial, incitación a una insurrección, conspiración contra el Estado y conspiración para hacer una declaración falsa.

Garland, consciente de que ni un solo expresidente estadounidense ha sido acusado de un delito en la historia de los EEUU, querrá asegurarse primero de tener un caso sólido antes de actuar. Es conocido por su resistencia a involucrarse en asuntos políticos y sabe que acusar a Trump empañaría su imagen de neutralidad. También por eso nombró el 18 de noviembre a un fiscal especial, Jack Smith, para que estudiara el papel del expresidente en la caótica jornada del 6 de enero. Será él quien evalúe si procesar o no a Trump, pero la decisión la tomará Garland.

Algunos expertos describieron como convincente el caso presentado por la comisión, pero advirtieron de que las reglas que se aplican a los fiscales para determinar si hay suficiente evidencia en un caso penal son más restrictivas, y Trump nunca dio su versión en detalle, contentándose con denunciar una caza de brujas.

Señalan que la presentación de la comisión fue parcial y no abordó posibles líneas de defensa para Trump, como si su discurso pudiera estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, relacionada con la libertad de expresión. «Trump tendía a operar de una manera evasiva: entregaba tareas a sus subordinados, evitaba la confrontación y los correos electrónicos, por lo que la evidencia admisible podría ser más difícil de conseguir», dijo a AFP el exfiscal adjunto del Departamento de Justicia Kevin O'Brien, quien cree que Garland actuará con mucha cautela, por lo que no espera ver a corto plazo una acusación.

Jurado dividido

Para Gerard Filitti, de Lawfare Project, si el caso llega a los tribunales, el resultado más probable será un jurado dividido, ya que muchos estadounidenses creen que Trump realmente pensó que era víctima de una injusticia. «El Departamento probablemente solo acusará si está seguro de que obtendrá una condena», señaló a AFP. «Y se necesita una evidencia más detallada sobre lo que Trump sabía, y cuándo lo supo, que la que hizo pública la comisión», añadió.

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, reconoció la diferencia en los requisitos probatorios de una investigación parlamentaria y de una investigación criminal, y tildó el trabajo realizado de «hoja de ruta» para enjuiciar a Trump.

El Departamento de Justicia ni siquiera está obligado a revisar los elementos de la comisión. Pero los fiscales podrían, por ejemplo, ir mucho más allá que ésta, utilizando los poderes que no tienen los parlamnentario para imponer citaciones ante los grandes jurados y obtener las evidencias que la comisión identificó, pero no pudo encontrar.

El Supremo mantiene las expulsiones automáticas de migrantes

El Tribunal Supremo ha suspendido la derogación del controvertido Título 42, la norma que permite expulsiones en caliente de las personas migrantes en la frontera sur de EEUU.

La petición había sido presentada por 19 estados argumentando que su fin, previsto para hoy, iba a provocar «un daño masivo e irreparable, en particular a los estados que soportan las consecuencias de la inmigración irregular». Ayer, los fiscales demandantes aseguraron que el fin de esta política conllevará un aumento de cruces fronterizos, de modo que las autoridades estatales deberán «dedicar fondos adicionales a seguridad, educación y atención médica».

La decisión es temporal y las partes implicadas tienen hasta las 22.00 de hoy para responder ante el Supremo, que deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en vigor mientras las cortes de instancia inferior resuelven el caso.

La norma entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato de Donald Trump, y ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de personas, la mayoría desde la frontera con México.

Tras su derogación estaba previsto que se aplicara el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puntos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e imponer penas a los quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados «inadmisibles».GARA