Dos días después de cumplirse el segundo aniversario del asalto al Capitolio estadounidense por parte de seguidores de Donald Trump, miles de ultras bolsonaristas que se niegan a reconocer la victoria electoral del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, invadieron la explanada de los Tres Poderes en Brasilia y asaltaron las sedes del Congreso, del Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto al término de una manifestación no autorizada desde el Cuartel General del Ejército, donde se habían concentrado, y tras derribar sin demasiados problemas el cordón policial que custodia la zona.

Los manifestantes, vestidos de verde y amarillo -los colores de la bandera nacional de los que se apropió el ultraderechista Jair Bolsonaro-, rompieron los ventanales de las principales instituciones políticas y judiciales del país y, una vez en su interior y sin oposición policial aparente, destrozaron el mobiliario y se tomaron fotografías sentados, por ejemplo, en la Mesa del Parlamento, igual que hicieron hace dos años los seguidores de Trump, aunque en esta ocasión los edificios estaban vacíos.

En uno y otro caso, tanto Trump como Bolsonaro se negaron a reconocer su derrota electoral y alimentaron el discurso del fraude avivando a sus seguidores más radicales.

Desde los lugares ocupados por la fuerza, e igual que han estado haciendo en los dos últimos meses frente a varios cuarteles del Ejército para evitar que Lula asumiera el poder, los bolsonaristas pedían un golpe de Estado y la detención del presidente, que tomó posesión el pasado 1 de enero.

Lula da Silva, que se encontraba en Sao Paulo visitando una zona que ha sufrido inundaciones, firmó un decreto para que el Gobierno federal asumiera las competencias de seguridad en el Distrito Federal de Brasilia. Condenó la violencia de las últimas horas, que «no tiene precedentes». «Nunca se ha hecho algo así en la historia de este país», se lamentó durante un discurso en el que recordó lo sucedido en sus propias derrotas.

Lula criticó los asaltos y tildó a los responsables de «fascistas». Prometió que «todos los vándalos serán encontrados y castigados por la ley» y aseguró que los asaltantes fueron «estimulados» por Bolsonaro, antes de leer de viva voz los detalles de un decreto que implica la intervención sobre las competencias que teóricamente le corresponden a Brasilia, cuya labor había sido puesta en duda por el oficialismo tras el caos vivido en las calles de la capital.

Precisamente, el responsable de seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, aliado de Bolsonaro, fue destituído por el Gobierno. Ha coincidido en Orlando (Florida) con Bolsonaro, que «huyó» de Brasil la víspera de la investidura.

Lula oficializó el nombramiento de Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, como interventor. Capelli pasa a ser el responsable de todo el área de seguridad en la capital hasta el 31 de enero. Al mismo tiempo, los órganos de la Policía de Brasilia estarán controlados por Capelli, que estará únicamente subordinado por el propio Lula. El decreto también le da la capacidad de requerir fondos para el Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para cumplir con sus funciones.

Al cierre de esta edición se seguían produciendo enfrentamientos entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad, que junto a fuerzas de choque de la Policía Militar del Distrito Federal habían recuperado el control de las tres sedes institucionales. Según la cadena O Globo, algunos de los asaltantes habrían sido retenidos.

Antes, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que «no prevalecerá» la voluntad de los golpistas sobre los demócratas y anunció «refuerzos» policiales.

El presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Pacheco, pidió castigar de forma «urgente» y con el «rigor de la ley» a los radicales bolsonaristas que asaltaron la sede de los tres poderes del Estado.

Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal de Bolsonaro, se ha distanciado de la «vergüenza» del asalto, «depredación» que condenó con «vehemencia».

Gobiernos y organismos internacionales denuncian el golpe «antidemocrático»

Gobiernos latinoamericanos y europeos, así como organismos internacionales, manifestaron su rechazo a la invasión protagonizada por miles de seguidores de Jair Bolsonaro. Entre ellos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), quien expresó su «respaldo» a Lula y denunció «las acciones violentas contra las instituciones democráticas».

En términos parecidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció el «ataque a las instituciones» en Brasilia. «Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista», agregó.

De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que es «urgente» convocar una reunión de la OEA «si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática».

El Gobierno de EEUU rechazó, por boca de su secretario de Estado, Antony Blinken, los hechos, que Biden seguía desde El Paso.

Las condenas llegaron también desde las presidencias de Chile, Cuba, Ecuador y Argentina. «El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia», manifestó el presidente chileno, Gabriel Boric.

Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel condenó «enérgicamente» los actos «violentos y antidemocráticos» en Brasil, ya que entiende que tienen como objetivo «generar caos» e incumplir «la voluntad popular» expresada en las elecciones de 2022, de las que salió derrotado Bolsonaro.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se sumó a las críticas contra «las acciones de irrespeto y vandalismo» perpetradas contra «instituciones democráticas», porque «atentan contra el orden democrático y la seguridad ciudadana».

Y el mandatario argentino, Alberto Fernández, manifestó su apoyo a Lula frente a «un intento de golpe de Estado», al tiempo que reclamó unidad regional ante «esta inaceptable reacción antidemocrática que intenta imponerse en Brasil».

A este lado del Atlántico, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, expresó su «absoluta condena» por el «asalto a las instituciones democráticas» de Brasil.

Por su parte, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, se mostró «consternado» por «la ocupación ilegal» de instituciones brasileñas a manos de «extremistas».

Desde Euskal Herria, el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta rechazó el asalto de la extrema derecha: «No podemos permitir una nueva ola antidemocrática».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo ocurrido e instó a recuperar la «normalidad», mientras Emmanuel Macron trasladó el «apoyo indefectible de Francia».

El Ejecutivo de Portugal rechazó asimismo las «acciones de violencia» que se registraron en Brasilia y pidió la «reposición del orden y la legalidad» en el país. GARA