El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó ayerque hubo una planificación del ataque perpetrado por miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro contra las sedes de la Presidencia, Parlamento y Tribunal Supremo del pasado día 8. Aseguró que esa planificación del intento de golpe de Estado quedó demostrada por el documento incautado por la Policía en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres el día 10, una propuesta de decreto que habría permitido a Bolsonaro intervenir la Justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre que dieron la victoria a Lula da Silva.

«El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación», dijo. Su autoría no está clara y todavía tiene que ser investigada.

El borrador de decreto preveía la declaración del estado de defensa (una forma de estado de excepción) para intervenir el Tribunal Superior Electoral y llevar a cabo una «corrección del proceso electoral presidencial», según afirma el primer artículo del documento, filtrado por el diario “Folha de São Paulo”.

Este texto fue decomisado el día 10 durante un registro de la Policía Federal en la casa en Brasilia de Torres, sobre quien pesa una orden de arresto dictada por el Supremo Tribunal Federal por su supuesta responsabilidad al no impedir los asaltos. Era secretario de Seguridad Pública de Brasilia, responsable de la Policía regional, que no hizo nada para detener a la turba golpista, y fue inmediatamente cesado. Brasil pedirá a EEUU su extradición si el lunes no ha regresado.

Torres, que se encuentra en Florida, como Bolsonaro, afirmó el martes que regresará a su país para colaborar con la Justicia, pero al cierre de esta edición no lo había hecho. Tras la incautación de la propuesta de decreto, escribió en Twitter que ese borrador, fechado en diciembre, sin un día concreto, estaba en una pila de documentos «para descarte» que iba a ser «triturada». También dijo que fue «sacado de contexto» y reafirmó su «respeto a la democracia».

Investigaciones

Mientras tanto, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, a petición de la Procuraduría, ha abierto una investigación, además de contra Torres, contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por «negligencia» durante el asalto, así como contra Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad Pública de Brasilia, y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar de Brasilia. En el caso de Rocha, sostiene que no solo defendió una falsa protesta política «a sabiendas de que las instituciones serían atacadas», sino que ignoró todos los llamamientos del resto de autoridades para que pusiera en marcha un plan de seguridad.

El servicio de Asuntos Internos de la Policía Militar de Brasilia ha iniciado también una investigación contra el cesado comandante del Departamento de Operaciones, Jorge Eduardo Naime, por las sospechas de que habría retrasado intencionadamente el operativo contra los asaltantes.

Los asaltos, que causaron cuantiosos daños, culminaron una escalada de ataques bolsonaristas contra la democracia, que desde el día posterior a los comicios se movilizaron para alentar un golpe de Estado contra Lula. Cerca de 1.800 personas han sido arrestadas.