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MEMPHIS

El rechazo a la persistente brutalidad policial vuelve a las calles de EEUU

Conmocionado por la muerte de Tyre Nichols, EEUU vuelve al inconcluso debate sobre la brutalidad policial, con la evidencia de que, pese a la retórica que siguió a la muerte de George Floyd en 2020, el problema sigue arraigado en los cuerpos policiales. Tras publicarse el vídeo de la agresión a Nichols, se multiplicaron las protestas.

Imagen del vídeo de la agresión policial a Tyre Nichols en Memphis.
Imagen del vídeo de la agresión policial a Tyre Nichols en Memphis. (AFP)

Incluso con temperaturas bajo cero y al grito de «los policías asesinos deben de irse», Chicago, Memphis o Nueva York acogieron protestas contra la violencia policial tras la muerte de Tyre Nichols.

En Nueva York, los manifestantes se congregaron en Union Square, Grand Central así como en la plaza de Times Square, donde se produjeron varias detenciones.

Nichols, afroamericano de 29 años, murió en el hospital tres días después de ser golpeado y electrocutado con una pistola táser por varios policías de Memphis, Tennesse, también negros, que han sido acusados de asesinato.

«Es triste que todavía estemos así en Estados Unidos, no puedo creerlo. Tenemos que hacerlo mejor, es inaceptable», lamentó Lora King, hija de Rodney King, cuya paliza a manos de la policía en 1991 prendió la indignación y las protestas en Los Ángeles.

La muerte del afroamericano George Floyd, asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco, desató dos décadas después una movilización histórica en la primavera de 2020 y, bajo la presión de la calle, surgieron promesas de reformas por todo Estados Unidos.

Dos años después, la cantidad de personas que han muerto durante intervenciones de la Policía llegó a 1.186 en 2022, la cifra más alta en diez años, según el sitio «Mapeo de la violencia policial». El 26% de estas víctimas eran afroamericanas, a pesar de que solo representan el 13% de la población.

Los policías estadounidenses argumentan su sensación de inseguridad por la gran cantidad de personas armadas en el país, pero para el abogado Ben Crump, que representó a la familia de Floyd y ahora apoya a la de Nichols, también hay «una cultura institucionalizada en la policía que tolera el uso excesivo de la fuerza, especialmente contra las minorías». «Vamos a tener que volver a tener este debate y tenerlo una y otra vez, hasta que pare», afirmó.

Entre las promesas de 2020 había planes para abordar la amplia inmunidad de la que disfrutan los agentes de policía en EEUU o para crear un registro de agentes que han hecho uso excesivo de la fuerza.

Sin embargo, un proyecto de ley federal inicialmente respaldado por ambos partidos fracasó en el Congreso en medio de un fuerte aumento de los homicidios que provocó que los republicanos retrocedieran a su clásica retórica de «ley y orden».

Pequeñas reformas

Ante la falta de avances federales, el debate continuó localmente, a pequeños pasos y entre polémicas. De hecho, en EEUU existen cerca de 18.000 entidades policiales autónomas (policía municipal, sheriffs de condado, patrullas estatales, etc) con sus propias reglas de reclutamiento, formación y prácticas autorizadas.

Varios de ellos han revisado sus normas de intervención, en particular prohibiendo la estrangulación, generalizando el uso de cámaras o aumentando las penas para los agentes más violentos.

La policía de Memphis ha prohibido a sus agentes entrar en las casas sin anunciarse, ha insistido en su «deber de intervenir» ante compañeros violentos y ha revisado su formación en técnicas de desescalada.

Aún así, «los oficiales aumentaron directamente la tensión» cuando intentaron arrestar a Nichols por una simple infracción de tránsito, admitió la jefa de policía local, Cerelyn Davis.

Pero la policía estadounidense tiene amplios poderes de detención, incluso por delitos menores.

«Necesitamos dejar de depender de la policía para manejar los problemas relacionados con la pobreza o la falta de inversión en ciertos vecindarios. Eso conduce a acciones más frecuentes, innecesarias y agresivas», señaló Kathy Sinback, directora de la rama local de la organización de derechos civiles ACLU.