El juicio contra 47 de las figuras opositoras más destacadas de Hong Kong, acusadas de participar en una conspiración para cometer actos subversivos, comenzó ayer en la excolonia británica. Se trata del mayor proceso incoado en virtud de la polémica Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en junio de 2020 para atajar el movimiento antigubernamental surgido el año anterior y que recoge penas de hasta cadena perpetua para supuestos de subversión, secesión, «terrorismo» o confabulación con fuerzas extranjeras.

Los procesados representan una muestra de la oposición hongkonesa, desde el destacado jurista Benny Tai, hasta ex legisladores como Claudia Mo, Au Nok-hin y Leung Kwok-hung, quien recordó en la sala que «resistir a la tiranía no es un crimen», así como jóvenes activistas como Joshua Wong y Lester Shum. 31 acusados, entre ellos Tai y Wong, se han declarado culpables, mientras que 16 rechazan los cargos.

El juicio arrancó bajo fuertes medidas de seguridad y numerosa presencial policial en las inmediaciones. Pese a ello, un pequeño grupo de manifestantes se concentró delante del tribunal. Chan Po-ying, compañera de Leung Kwok-hung, desplegó una pancarta con el lema ‘‘Liberad inmediatamente a todos los prisioneros políticos!’’ y denunció ante la prensa el juicio como «persecución política».

Fueron acusados conjuntamente de «conspiración para cometer subversión» en torno a unas elecciones primarias extraoficiales celebradas en julio del año anterior, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo y asegurarse la mayoría.

Pese a las amenazas, 610.000 personas, una de cada siete en edad de votar, participaron en las primarias.

Se acusa a los procesados de pretender, en caso de mayoría, vetar los proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del Gobierno y, en última instancia, obligar a la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, a dimitir.

Las autoridades pro-chinas suspendieron esas elecciones y Pekín introdujo un nuevo sistema político en el que se controla de forma estricta quién puede presentarse a los comicios.

La mayoría de los acusados -34- llevan casi dos años en prisión y solo a unos pocos se les ha concedido la libertad bajo fianza, con estrictas condiciones, entre ellas restricciones a la libertad de expresión.

El proceso tiene lugar en audiencia pública pero sin jurado, lo que supone una ruptura de la costumbre judicial en Hong Kong.

En junio de 2020, Pekín introdujo la Ley de Seguridad Nacional en la mini-Constitución de Hong Kong, pasando por alto el poder legislativo local, tras un año de protestas En ella se tipifican como delitos la subversión, la secesión, la connivencia con fuerzas extranjeras y los actos «terroristas», que se definen en sentido amplio para incluir la perturbación del transporte y otras infraestructuras.

La ley otorga a la Policía amplios poderes, lo que alarmó a opositores, grupos de la sociedad civil y socios comerciales, ya que este tipo de leyes se han utilizado para silenciar y castigar a los disidentes en China.