El consejo de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa decidió ayer dejar sin efecto y suprimir todos los honores, reconocimientos y distinciones que se otorgaron a Francisco Franco y a todos los que participaron en el golpe militar del 36 y en la posterior dictadura. Entre las distinciones retiradas destaca el título de hijo predilecto de la provincia y el de presidente honorario de la Diputación que fueron concedidos al dictador en 1939 y 1945, respectivamente. Causa extrañeza y estupor que, 47 años después de la muerte del dictador, Gipuzkoa mantuviera vigentes todos los honores y distinciones otorgados a Franco y a las personas que participaron en la sublevación, la guerra y la dictadura. Especialmente llamativo es, además, el caso de Gipuzkoa, que junto con Bizkaia fue declarada provincia traidora por Franco. Sus habitantes sufrieron como pocos el terror de los estados de excepción, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, herramientas sobre las que sustentó su dominio el régimen franquista.

Este larguísimo lapsus de casi cinco décadas subraya como ningún otro dato el hecho de que la modélica transición española se gestó sobre el olvido, lo que permitió a las élites que sostuvieron el régimen franquista integrarse discretamente en la nueva legalidad. Nada se debía tocar, y nada se tocó. Buena muestra de hasta dónde ha llegado ese olvido es que la Diputación Foral tuvo que encargar a un historiador que recopilara los datos de todos los títulos y distinciones que fueron otorgados por las instituciones de Gipuzkoa a los valedores de la dictadura.

Es deseable que la perplejidad que ha causado esta noticia sirva para que otras instituciones vascas revisen también sus archivos y procedan a suprimir todos los honores que en su momento fueron concedidos a los representantes de la dictadura franquista. Más allá de que esos actos sean ahora una obligación legal, son, sobre todo, un deber político. La memoria de las víctimas del golpe fascista y del posterior franquismo y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exigen retirar a los victimarios cualquier reconocimiento público.