El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer una moción de EH Bildu que pedía al Gobierno de Lakua que inspeccionara los contratos que se ven obligadas a firmar las personas usuarias de residencias privadas. Asimismo, rechazó una enmienda de Elkarrekin Podemos-IU que solicitaba que en esos contratos se introdujeran requisitos mínimos de obligado cumplimiento. En su lugar, se aprobó la moción de PNV y PSE que instaba al Gobierno a velar por que se cumpla la legislación vigente en esta materia. Una obviedad sin ningún contenido ni efecto práctico.

Cuando las plazas públicas no son suficientes para cubrir la demanda, la Administración abona a la persona usuaria una prestación y le deriva a una residencia privada. En estos casos, las empresas que gestionan esas residencias obligan a firmar contratos que contienen cláusulas que bien podrían considerarse abusivas. Así, por ejemplo, si obtienen una plaza pública y se trasladan tienen que pagar una penalización por no cumplir el plazo de preaviso, que suele ser de 15 a 30 días. En caso de fallecimiento de la persona residente, obligan a abonar lo que resta de la quincena; en caso de que los costes de la empresa se incrementen por decreto, reglamento o firma de convenio colectivo, la cuota a pagar se verá aumentada en la misma proporción. Asimismo, muchos de esos contratos obligan a renunciar a otras vías de reclamación que no sea la judicial, la más cara, para así desincentivar las demandas.

Cuando los contratos contienen cláusulas que obligan a uno de los firmantes a renunciar a sus derechos, no son contratos libres y voluntarios, como afirmó en el Parlamento la nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. En ese modo de proceder hay un evidente abuso de poder por parte de las empresas privadas que gestionan las residencias. Un atropello que tiene que ser corregido por la Administración, especialmente cuando está financiando esas plazas; de lo contrario, se protege al poderoso y su afán de acumular beneficios a toda costa. No solo privatizan los servicios públicos, sino que, además, defienden las prácticas depredadoras del capital privado.