Menos mal que el PNV había escuchado a la ciudadanía decirle que peca de «amiguismo»

Recientemente, el PNV presentaba en un acto en el Palacio Euskalduna los resultados de su proceso “Entzunez eraiki”, un ejercicio de «escucha activa» para mejorar su conexión con la sociedad de cara al ciclo electoral en ciernes. El documento constataba que el PNV es percibido como un partido «conservador» y con «imagen de amiguismo».

Andoni Ortuzar dio acuse de recibo y planteó que lo tendrían en consideración. Se entendió que era para combatirla, pero desde ese día no hay una semana en la que el PNV y sus gobiernos no aparezcan entremezclado con redes clientelares, irregularidades de sus cargos, nepotismo y falta de transparencia. Sus dirigentes son retóricamente implacables con la corrupción, pero en realidad son del todo indulgentes. Incluso con los condenados, que son de su partido.

Una golondrina no hace verano

Esta semana ha sido particularmente escabrosa en este terreno. Comenzaba con la constatación de que la mano dura que promulgaba Arantxa Tapia contra Alfredo De Miguel era falsa, que el exdirigente jelkide no había sido enviado a casa tras la condena, sino que teletrabajaba a petición propia, que «sigue respondiendo a todas las responsabilidades» y que no hay constancia de los avisos de despido.

Posteriormente, Iñaki Iriondo publicó en estas páginas que Lakua había facilitado que el anterior director general de la SPRI, Alexander Arriola, cesara en su cargo el 17 de setiembre de 2020 y al día siguiente se anunciara su fichaje por Eurocybcar, empresa con la que había tenido relación directa por su cargo.

Esta puerta giratoria exprés tomó otra dimensión al saberse que había al menos otros cuatro casos. No obstante, la clave en el caso de Alexander Arriola es que sí pidió el permiso requerido, pero no esperó a que se lo diesen. De hecho, la Administración vasca no respondió a esa petición, un «silencio administrativo» muy sospechoso cuando la incompatibilidad era tan flagrante. El portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Bingen Zupiria, asumió que ese silencio era «excepcional» y que lo iban a investigar. Esto ponía el foco en la Administración: ¿por qué no respondió? ¿quiénes son las personas responsables del silencio?

Arriola no se quedó ahí, porque cambió de empresa posteriormente, hasta en tres ocasiones, y no volvió a pedir la autorización, que es obligatoria. Otra coincidencia es que Arriola ha sido presidente de la Junta Municipal del PNV de Eibar entre 2018 y 2021. En ese puesto ha tenido predecesores ilustres, como el expresidente de Confebask Eduardo Zubiaurre.

Hoy, de nuevo Iriondo destapa cómo la abogada de un alto cargo de Lakua envió un email amenazante a la persona que había denunciado a su defendido ante la Comisión de Ética Pública. Por supuesto, la identidad del denunciante debía de estar protegida. Para colmo, el mensaje fue simultáneamente enviado a la consejera y presidenta de la Comisión Ética, Olatz Garamendi, sin que esta haya adoptado ninguna medida al respecto. La Comisión determinó que el denunciado, un director en un departamento de Lakua, «incurrió en un “cumplimiento insuficiente” del Código Ético y de Conducta del Gobierno Vasco».

Tanto PNV como PSE niegan que hagan falta nuevos mecanismos para el control y la prevención de los delitos de corrupción. Sin embargo, los hechos demuestran que lo que mejor engrasado está en las administraciones vascas es la red clientelar desarrollada al cobijo de la cooperación público-privada. Bajo ese epígrafe, se trasvasan capitales de la mano de cuadros que transitan de los partidos a cargos públicos, los mismos que terminan trabajando en las empresas beneficiarias de esa relación especial con la administración. Llamar a este método «amiguismo» es ser poco riguroso. Es, más bien, un sistema «familiar».