Como adelantó ayer NAIZ, la Mesa del Parlamento de Gasteiz, por mayoría de PNV y PSE, denegó ofrecer a Unai Fernández de Betoño amparo después de que la Comisión Ética rompiera su anonimato y fuera amenazado por la abogada de un alto cargo sancionado, alegando que no presentó la denuncia como parlamentario. Hasta ese momento, la información de la que disponía este medio era meramente oral y, dado que esa excusa está abiertamente peleada con la realidad, era posible que no se diera una explicación escrita y todo quedara «en el secreto de las deliberaciones» que este órgano ya ha esgrimido en algún caso.

Pero a las 13.10 horas llegó la “Nota de la Mesa” que tras cada reunión remite a los medios el Servicio de Prensa de la Cámara. Y allí podía leerse que en respuesta a la «solicitud de amparo» realizada por Maddalen Iriarte, «ante las amenazas recibidas por el parlamentario Unai Fernández de Betoño como consecuencia de una denuncia ante la Comisión de Ética Pública», «la Mesa no concede el amparo al entender que la denuncia presentada fue realizada a título individual y no en su calidad de parlamentario».

La afirmación es muy difícil de sostener simplemente leyendo a la propia Comisión de Ética Pública que titula su asunto 4/2022 como «acuerdo relativo a la consulta interpuesta por el Sr. (…) parlamentario del grupo (…) en el Parlamento Vasco, en relación con las actuaciones llevadas a efecto por un alto cargo del Gobierno». Y en su primer punto recoge que «se ha recibido en el buzón del correo electrónico de la Comisión de Ética Pública el e-mail remitido por el Sr. (…) Parlamentario del Grupo (…) en el Parlamento Vasco, en el que formula una consulta a esta Comisión…».

Por lo tanto, resulta evidente que tanto la consulta como la respuesta recogen que Unain Fernández de Betoño la realizó, efectivamente, como parlamentario.

Petición

EH Bildu había remitido un escrito a la Mesa del Parlamento que preside Bakartxo Tejeria para que respaldara al parlamentario Fernández de Betoño y denunciara que en la Comisión de Ética se vulnerara su anonimato y que fuera luego amenazado por la abogada de un alto cargo sancionado.

Solicitaba que hiciera pública una declaración en la que asegure que «considera grave que el parlamentario Unai Fernández de Betoño haya visto vulnerado su derecho al anonimato por parte de la Comisión de Ética Pública». Y, al mismo tiempo, que el órgano de gobierno de la Cámara rechazara «las amenazas que a consecuencia de ello ha recibido» y le ofrezca «todo su respaldo» e inste «además a la citada Comisión a poner los medios para garantizar los derechos de todas las personas que en un futuro decidan recurrir a ella».

Como adelantó este medio el 5 de marzo y posteriormente denunció EH Bildu con nombres y apellidos, la abogada de Iván Pedreira, un cargo público que había sido sancionado por la Comisión de Ética Pública, contactó por email con el parlamentario Unai Fernández de Betoño que denunció sus contratos irregulares, amenazándole con iniciar acciones legales si daba publicidad mediática al caso y lo hizo con copia a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi.

«Incomprensible y sectaria»

EH Bildu calificó la decisión de la Mesa de «grave, incomprensible y sectaria». Recordó que es deber de este órgano presidido por Bakartxo Tejeria «defender los derechos de todas y todos los parlamentarios», pero denunció que PNV y PSE «han preferido mirar a otro lado» ante la vulneración del anonimato de Unai Fernández de Betoño y de la amenaza recibida.

Añadió que, además, la excusa empleada es absurda. La Comisión especifica que la denuncia partió de un parlamentario y así le responde, pero «la Mesa le niega esa condición». EH Bildu critica que «es el mundo al revés. En definitiva, la Mesa solo ha demostrado su sectarismo; ha mirado más a la filiación política de Fernández de Betoño que a la amenaza que recibió».

El grupo subrayó que «como ya hizo antes la presidenta de la Comisión de Ética, la consejera Olatz Garamendi, esta vez ha sido la Mesa del Parlamento la que ha respaldado las irregularidades de esa Comisión».

Aseguró en una nota que «en lugar de apoyar al parlamentario víctima de esas irregularidades y de exigir el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, la Mesa ha optado por respaldar el funcionamiento incorrecto de ese órgano, lo que pone en cuestión su supuesta validez, ya que ha quedado claro que no cumple un elemento que es clave en la lucha contra las malas prácticas como es la necesidad de garantizar el anonimato de los denunciantes».

Ante todo ello, la coalición independentista se preguntó «quién se atreverá a denunciar prácticas irregulares sabiendo que eso puede volverse en su contra y que, en ese caso, nadie lo defenderá».