Un hombre de 30 años que participó en la protesta ecologista del sábado en Sainte-Soline, en el centro-oeste del Estado francés, se encontraba ayer en estado crítico y se debatía entre la vida y la muerte.

El hombre tiene un traumatismo craneoencefálico, resultado de un fuerte impacto, mientras que otros dos manifestantes también fueron atendidos con urgencia absoluta entre los más de 200 heridos que contabilizaron los organizadores de la marcha contra un proyecto de macroembalses para riego. El fiscal Julien Wattebled anunció una investigación «para determinar la naturaleza exacta» de las lesiones graves de estos tres manifestantes.

El Gobierno responsabilizó a los manifestantes de una «oleada de violencia intolerable». Los activistas pretendían ocupar el embalse para denunciar lo que consideran la privatización de un recurso como el agua para la agroindustria.

Pero los organizadores atribuyen la responsabilidad a la brutalidad policial que se suma a la vivida en las recientes manifestaciones contra la reforma de las pensiones que han hecho caer la popuralidad del presidente, Emmanuel Macron, y la intención de voto a su partido por debajo del 22%, superado por la ultraderechista Unión Nacional y la coalición de izquierda Nupes con el 26% de apoyo cada una, según una encuesta de Ifop.

HRW, Amnistía Internacional o la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa denunciaron el uso excesivo de la fuerza en las protestas y, en el caso de Sainte Soline, la Liga de Derechos Humanos acusó a la Policía del uso desmedido de la fuerza «con un claro objetivo: impedir el acceso a la cuenca, sea cual sea el costo humano». La LDH denunció disparos indiscriminados de gases lacrimógenos y granadas sonoras y explosivas.