El Consejo Constitucional (CC) francés dio a conocer, desde su bunkerizada sede de Palais Royal, su dictamen sobre la reforma de las pensiones.

Lo hizo mediante un comunicado, publicado hacia las 18.00 horas, lo que no impidió que se llevaran a cabo actos en las calles para reafirmar el rechazo social a la ley que contempla ampliar la edad de jubilación de 62 a 64 años en el horizonte de 2030.

Los nueve miembros del órgano que preside desde 2016 el exprimer ministro socialista Laurent Fabius emitieron un dictamen que lleva la firma de todos ellos, aunque el sentido de su voto quede secreto.

Encargado de velar por los principios constitucionales y, en concreto, por la compatibilidad de las leyes con la Carta Magna, el Consejo avaló el grueso de la reforma presentada por Élisabeth Borne el pasado 10 de enero y contestada desde entonces en las calles.

Si bien «los sabios» no refrendaron el texto en su integridad, al echar por tierra distintos artículos, como los relativos al contrato de trabajo o al índice de trabajadores senior, sí dieron su aval al capítulo central de la reforma, el de la edad de jubilación. Es más, el Consejo Constitucional rechazó la «aceptabilidad» de la demanda de Referéndum de Iniciativa Compartida o RIP, planteada en uno de los recursos. El CC no decidirá sobre la segunda demanda de consulta antes del 3 de mayo, lo que permitiría al Gobierno abrir el paréntesis que ayer pidieron oposición y sindicatos.

De hecho, en la primera reacción a una decisión del Constitucional claramente desfavorable a sus aspiraciones, portavoces de la alianza de izquierda Nupes, como Fabien Roussel, reclamaron a Emmanuel Macron que no proceda a una promulgación inmediata del texto de ley.

El electo comunista apoyó su exigencia en el «riesgo de un estallido de ira social» que se derivaría de una promulgación «en 48 horas» de una ley que el CC retoca, siquiera en capítulos menores.

De distinto parecer, la primera ministra, Élisabeth Borne, estimó que con su decisión «el Consejo Constitucional juzga tanto en el fondo como en la forma la reforma ajustada a la Constitución». Añadió, vía un mensaje colgado en la red social Twitter, que «el texto ha llegado al final de su tramitación democrática».

Aunque Borne estimó que tras el dictamen «no hay ni vencedores ni vencidos», lo cierto es que el fallo puede ahondar en el cisma entre la sociedad y las élites político-institucionales.

De hecho, la intersindical, que impulsó su décimo segunda jornada de movilización la víspera de la reunión del Constitucional, mira ya a la jornada del Primero de Mayo, y no cuenta con explorar hasta pasada esa fecha la vía de diálogo con la que amaga desde hace unos días Macron.

«El diálogo es posible, pero solo si sirve para retirar la reforma», aclaró la nueva secretaria general de la CGT, Sophie Binet. Por su parte, el jefe de filas de la central mayoritaria, la CFDT, Laurent Berger, marcó perfil aclarando que su sindicato «no aplica la política de la silla vacía», aunque aconsejó «respetar los tiempos, porque no se trata de pasar de una cosa a otra de cualquier manera». Cerrando la posible vía de agua, «vamos a dejarle a Emmanuel Macron quince días de reflexión», abundaba, desde Force Ouvrière (FO), Frédéric Souillot.

El Elíseo se planteó una cita con los sindicatos, incluso antes de pronunciarse el Constitucional, y le puso fecha: el martes. Esa propuesta da cuenta del interés de Macron, que en dos meses se ha negado a recibir a los agentes sociales, por sentar en la mesa a los sindicatos para transmitir la idea de que la página de las pensiones ha quedado atrás.

Por más que unos y otros miraran ayer a un tercero, el Consejo Constitucional, en búsqueda de una salida al laberinto, lo cierto es que hará falta algo más que la palabra del oráculo constitucional para dar con una solución real a la crisis social, política y democrática en el Estado francés.

Subida de algo más del 2% del Salario Mínimo

La primera ministra, Élisabeth Borne, optó por dedicar las horas previas a la decisión del Consejo Constitucional a una visita a un supermercado adscrito a la cadena de distribución que aplicó, de manera pionera, la medida de canasta básica impulsada por el Ejecutivo para enfrentar la inflación.

De esta forma, la jefa del Ejecutivo, cuyo futuro político sigue muy ligado a la suerte de la reforma de las pensiones, cambiaba el paso y focalizaba su agenda sobre la cuestión del poder adquisitivo, la primera preocupación de la ciudadanía, según señalan las encuestas.

El desembarco de Borne en el «super U» de Eure-et-Loir fue todo menos una visita tranquila. De hecho, la premier y un grupo de sindicalistas jugaron prácticamente al gato y al ratón en los diferentes pasillos del centro comercial. Además la jefa de Ejecutivo fue abordada por distintos clientes, que le trasladaron su malestar, ya sobre la reforma de las pensiones, ya sobre la escalada de los precios.

Con todo, Borne aprovechó la breve escala para vender un compromiso. Anunció así que el Salario Mínimo o Smic, que se revalorizó ya el 1 de enero hasta alcanzar los 1.700 euros brutos mensuales, aumentará en un 2,2% (unos 30 euros) el próximo 1 de mayo. Al tiempo, la premier gala conminó a los empresarios a «negociar las escalas salariales» para combatir la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, que es hoy del 5,7%. GARA