Bacterias franquistas

Uno de los quesos más famosos de Suiza, el emmental, es mundialmente conocido por los grandes y abundantes agujeros que tiene en su interior. La razón de esto es que en su preparación le agregan cultivos que contienen bacterias S. themophilus, lactobacillus y P. shermani que luego, en el proceso de maduración, van comiéndolo por dentro y produciendo dióxido de carbono, que es el que produce finalmente sus burbujas.

Uno piensa, y creo que con razón, que las actuales instituciones del Estado español (Monarquía, Gobierno, Policía, Ejército, poder judicial), son como una especie de queso emmental al que, en el momento de acceder a la llamada democracia, se le inyectó generosamente toda una serie de bacterias (borbonphilus, francocillus, bacillus beneméritus, etcétera.) que fueron creando en su interior espacios opacos y tóxicos, que aparecen luego cada vez que alguien rasca mínimamente la corteza de estas instituciones.

La noticia es fresca. El ayer teniente de la Guarcia Civil, Arturo Espejo, implicado en la muerte por torturas de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo, en 1985, es hoy uno de los cinco tenientes generales que conforman la cúpula de esta institución (bacillus beneméritus máximus). Su superior entonces en aquella cueva de los horrores, el comandante Rodríguez Galindo, llegaría a alcanzar también el cargo de general de brigada. Condenado en el año 2000 a 75 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, solo cumplió cuatro años de cárcel tras reconocerle Instituciones Penitenciarias (bacillus reinserciophilus) problemas de salud.

Tras la criminal agresión policial de los sanfermines de 1978, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa (francocillus perennis), envió al subdirector general de la Policía, José Sainz, a investigar lo ocurrido. Nada importó para ello el extenso currículum de este, repleto de denuncias por la práctica de salvajes torturas durante su estancia en Bizkaia y Gipuzkoa en los años 60 y 70. Su informe final fue impecable: «Todo fue el lamentable producto de una desacertada interpretación de indicaciones, o bien de una errónea transmisión de órdenes y/o de defectos en la canalización de la decisión operativa con clara influencia en el ambiente de tensión que imperaba». Amén.

En 1982, en plena democracia constitucional, antiguos miembros de la Brigada Político-Social franquista (BPS) dirigían nueve de las trece jefaturas superiores de Policía del Estado. Por allí pululaba la crème de la crème del bacteriaje criminal franquista: Roberto Conesa, los hermanos Creix, Saturnino Yagüe, Heliodoro Rodríguez, Martín Ballesteros, Martínez Torres, Benjamín Solsona, etcétera. Pero esto no sucedió tan solo con los gobiernos de UCD. El de Felipe González tampoco se cortó un pelo a la hora de ascender a comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife a Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar y asesinar, en 1981, al militante de ETA Joseba Arregi.

Desde 1991 a 2017, 39 policías, mossos y guardias civiles condenados por torturas fueron indultados por gobiernos del Partido Popular (26) y el PSOE (13). Junto a ello, la judicatura, completamente agujereada por bacterias de palmo, ha colaborado fielmente en este trato de guante de seda para con la tortura. Valga como ejemplo reciente los distintos informes encargados por los gobiernos de la CAV y Nafarroa al Instituto Vasco de Criminología (IVAC), donde este último ha certificado la existencia de 5.212 casos de torturas en el conjunto de Euskal Herria entre los años 1960 y 2015, sin que togadas señorías y fiscales se hayan dado por enteradas.

Ya sé que me repito un poco, pero es obligado. Una raposa de la peor especie protege hoy el gallinero de los derechos humanos en el Estado español. Pedro Sánchez, presidente del autodenominado gobierno más progresista de la historia de España, designó al exjuez de la Audiencia Nacional (AN), Grande Marlaska, ministro -intocable- de Interior. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español en once ocasiones por no haber investigado las torturas denunciadas ante la AN y seis de estos casos tuvieron a Grande Marlaska de juez instructor. Pero ahí sigue de ministro del Interior, sin que haya matanza melillense alguna que lo cuestione.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 no solo es criticable por impedir el acceso de la Justicia a quienes denuncian los crímenes del franquismo (Ley de Amnistía, no aplicación directa de la normativa internacional, etcétera), sino también por el manto con el que sigue cubriendo a los responsables de aquellas violaciones. En positivo, la Ley dio indudables y plausibles pasos en el ámbito del conocimiento y la reparación para con las víctimas del franquismo, pero cerró puertas a la necesaria identificación de los victimarios responsables de aquellos crímenes, a quienes se sigue garantizando invisibilidad y, en esta medida, impunidad.

En la misma dirección ha ido el proyecto del Gobierno de Ley de Información Clasificada que debía sustituir a la franquista Ley de Secretos Oficiales. Su contenido ha sido criticado frontalmente tanto desde instancias oficiales -Consejo de Transparencia, Fiscal General, Consejo General del Poder Judicial), profesionales (archiveros, investigadores, periodistas), etcétera- y, unánimemente, por el movimiento memorialista. Ante ello, el Gobierno ha aparcado su proyecto, con lo que la vieja ley franquista seguirá vigente y otorgando impunidad a los crímenes de la dictadura, la transición y sus décadas posteriores, algo que, por otro lado, no parece importarle mucho a Este, sino más bien lo contrario.

Volvemos al principio. Las bacterias franquistas inoculadas generosamente durante la transición a las instituciones del actual régimen (Monarquía, Gobierno, judicatura, Policía, Ejército), han creado en este enormes y generalizadas burbujas absolutamente tóxicas para la construcción de una sociedad que pretenda asentarse en los derechos humanos, la democracia y la justicia social.