El viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la autorización transitoria concedida a Arabako Mahastiak/Viñedos de Alava para comercializar sus vinos con la nueva denominación. De este modo, el TSJPV estimaba el recurso presentado por el Consejo Regulador Rioja y aceptaba su argumento de que la comercialización de la nueva marca supondría un perjuicio irreparable para la denominación, aunque el Tribunal no argumentó en qué se sustanciaría el daño. Tanto la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) como Arabako Mahastiak recurrieron inmediatamente la decisión judicial.

Han sido necesarios cuatro días para conocer la postura del Gobierno que preside Iñigo Urkullu. Su portavoz, Bingen Zupiria, se limitó ayer a señalar que, aunque no esperaban la decisión, no la recurrirán y aguardarán a lo que decida la Unión Europea. Argumentó la decisión del Ejecutivo señalando que ha seguido el procedimiento establecido por la legislación vigente. Una respuesta burocrática que bien podría haber dado cualquier funcionario de la Administración al que se le hubiera preguntado al respecto. Para el Ejecutivo de Lakua, gobernar se reduce a cumplir lo que la legislación establece, olvidando que para eso ya está el aparato administrativo. A un gobierno se le exige que tome decisiones políticas. Y la que ha tomado en el caso de Arabako Mahastiak es no hacer nada y dejar a los bodegueros de Araba sin el sostén y la protección del Gobierno de Lakua. Una posición tibia, tributaria de los intereses de las grandes bodegas que, en general, se oponen a la creación de una nueva denominación.

Tanto la posición como los argumentos utilizados por el Ejecutivo de Gasteiz con la nueva marca contrastan vivamente con los usados en relación con la Ley de Vivienda vasca -apenas ha sido desarrollada- y con la futura ley estatal, sobre la que sí ha anunciado recurso por invasión de competencias. Posiciones que pueden parecer contradictorias pero que en realidad son coherentes con la verdadera política del este Ejecutivo: defender los intereses del gran capital en detrimento de los intereses de la gente corriente.