Las políticas neoliberales han arrasado con el sector público empresarial. Eliminaron la intervención directa del Estado en la economía privatizando o cerrando las empresas públicas. Pero el capital privado necesita la participación del sector público como financiador y avalista de sus inversiones. Para ello inventó un nuevo concepto: la colaboración público-privada, cooperación que consiste básicamente en que la Administración asume los riesgos y el sector privado se lleva los beneficios. Una filosofía magistralmente desarrollada por el PNV, cuyo ejemplo más paradigmático fue la venta de Euskaltel y de la red pública de fibra óptica.

Otra sociedad pública, el Ente Vasco de la Energía (EVE), que también vendió los primeros parques eólicos construidos en la CAV, se ha convertido en otro ejemplo de manual de la cesión del interés general a los intereses particulares de los capitalistas privados. Creada para planificar, coordinar y controlar las actividades en el campo de la energía, en la actualidad apenas el 4% de la electricidad que generan las empresas en las que participa proviene de fuentes renovables, con lo que su aportación a la reducción de emisiones y a la transición energética es absolutamente residual. Además, las empresas participadas por el EVE venden la energía que generan en el mercado mayorista, sin que se haya planteado siquiera la comercialización pública de una parte de la misma en un país en el que 200.000 personas tienen serias dificultades para pagar la factura de la luz. Nada extraño si se tiene en cuenta que en el consejo de dirección del EVE los consejeros que deberían encarnar la competencia en el campo de la energía representan a las principales empresas energéticas del país. No han nombrado ni a un solo académico o activista del movimiento ecologista, ni siquiera para guardar las formas. La democracia convertida en plutocracia.

Sin duda la mejor forma de fortalecer la colaboración público-privada es entregando la planificación energética directamente a los intereses privados. Los datos del EVE no dejan lugar a dudas de la nula aportación del ente público a la transición energética o al alivio de la pobreza energética.