PSOE, PNV y PdeCAT dan la mano al PP para retroceder en el «solo sí es sí»

El Congreso aprobó ayer la modificación de la ley del «solo sí es sí» con los votos de PSOE, PP, PNV, PdeCat y Ciudadanos. Podemos, ERC y EH Bildu consideran que se ha dado un paso atrás, que los cambios rompen el avance dado tras la ola de indignación por la sentencia de «La Manada». Junts se fue a la abstención y Vox prefirió ausentarse del pleno para no tener que votar.

«Hoy una sentencia como la de ‘La Manada’ podría volver a producirse». Así de tajante se mostró Bel Pozueta en el debate parlamentario sobre la reforma de la ley del «solo sí es sí». A la diputada navarra de EH Bildu le tocó abrir el debate final de las modificaciones, y lo hizo recordando que el cambio central de la norma (trasladar el eje de los tipos penales sobre la violencia sexual de la existencia de violencia a la verificación de que hubo consentimiento) arrancó, precisamente, en Iruñea.

Pozueta remarcó que la ley nació de ese grito de «¡No es abuso, es violación!» que se escuchó en la capital navarra después de que la multitud que rodeaba la Audiencia Provincial no entendiera que los jueces hubieran considerado la violación múltiple de una joven en sanfermines como meros abusos.

La parlamentaria aseguró que EH Bildu lo ha intentado todo para salvar el eje nuclear de la ley, ese dejar de lado la violencia como elemento que categoriza el delito. Junto con ERC, mediaron tanto entre partidos y entre Ministerios, apelaron a juristas para que asentaran el consenso sobre criterios técnicos. No lograron nada. Según Pozueta, el trabajo fracasó por la «rotunda negativa a acordar» del PSOE, pues ya había cerrado un principio de acuerdo con el Partido Popular.

Por su parte, el portavoz del otro grupo vasco, el PNV, reconoció que el motivo de la reforma no era estrictamente jurídico, sino que radicaba en la sensación que ha cundido en la opinión pública tras conocerse las revisiones a la baja de las penas de alrededor de un millar de agresores sexuales (acabarán siendo más).

Mikel Legarda defendió los cambios como «la mejor solución técnica» ante la «perplejidad» social causada por la rebaja de condenas y las 108 excarcelaciones.

Legarda aclaró que, pese a ello, que esos cambios que se introdujeron ayer, en realidad, no van a evitar futuras excarcelaciones y lamentó que no se introdujera en la normativa del «solo sí es sí» -que el PNV sí apoyó en septiembre pasado- una legislación transitoria que mitigara el cambio de un modelo penal a otro.

A diferencia de la interpretación de Pozueta, para el parlamentario jeltzale, los cambios que se introducen no suponen una alteración sustancial de la normativa, pues los delitos de abuso y agresión siguen unificados. Del mismo modo, confió en que se invertirá la carga de la prueba, para volver a un modelo donde la víctima debía de acreditar que realmente se resistió a su agresor y no únicamente que no consintió.

Sin embargo, el fondo del cambio, insistió Legarda, está en el relato que se ha hecho de la norma en la opinión pública, debido a una feroz campaña lanzada desde la derecha. «La percepción de legitimidad del ordenamiento jurídico es necesaria para que su respeto sea efectivo. El derecho penal forma parte del corazón del Estado y no puede construirse a espaldas de la ciudadanía y de las víctimas», señaló.

La tercera voz proveniente de Euskal Herria fue la del parlamentario tránsfuga de UPN, Carlos García Adanero, quien no entró en grandes profundidades. El navarro pidió a todos los que votaron la ley que asuman sus responsabilidades y aseguró no entender cómo la ministra que abanderó la ley, Irene Montero, se mantenga «en el sillón» después de la votación de ayer.

García Adanero, que fichó por el PP para presentarse al ayuntamiento de Iruñea, votó favorablemente al cambio, igual que el resto de parlamentarios de la formación que le permitirá continuar en política. Vox, por su parte, no votó ni en un sentido ni en otro, pues se ausentó de la votación.

MONTERO Y EL PSOE

La titular de Igualdad y principal defensora de la ley cerró el turno de intervenciones de ese debate. Irene Montero confesó que, en lo personal, fue su «día más difícil» como ministra. Su discurso fue, en esencia, el mismo que el de Pozueta: los cambios son un gran paso atrás y una sentencia como la de «La Manada» podrá leerse una vez más.

Según Montero, rescatar la violencia como eje en un nuevo subtipo de delito volverá a provocar que la credibilidad de las víctimas resida en las heridas que presentan en su cuerpo. Un modelo que, como recordó, ante todo genera impunidad.

La ministra afirmó que el sistema penal vigente hasta la aprobación del «solo sí es sí» era, ante todo, ineficaz. No es que las condenas fueran altas o bajas, sino que los agresores salían absueltos. Dos tercios de los acusados por una agresión salen libres, porque muchos jueces comparten la idea de que «en el fondo, fondo, fondo, ellas querían», afirmó Montero. A lo que añadió que «la inmensa mayoría de los agresores no han pisado un juzgado en su vida». Las víctimas no denuncian por presiones externas, internas o porque han perdido la confianza en el sistema judicial.

La portavoz del PSOE, Andrea Fernández Benéitez, negó la mayor. La reforma no afecta al corazón de los cambios introducidos en septiembre pasado. La parlamentaria, que cerró el acuerdo en comisión, defendió la Ley Orgánica 10/1995, que recoge el «solo sí es sí», sobre todo por aquellos recursos que ofrece a las víctimas, así como en las prácticas coeducativas que también se recogen en su extenso articulado. Pero se mostró fría en lo referente a la importancia del consentimiento.

Fernández Benéitez aseguró que la modificación no ataca el cambio de marco penal, en tanto que no se modifica «ni en una coma» la definición de consentimiento, que ha de ser expreso.

En consecuencia, consideró que todas las críticas que ha recibido su partido por alinearse con el PP para cambiar la ley son «de trazo grueso».

Pero el problema que genera este cambio es profundo en el Gobierno, por más que quiera minimizarlo el PSOE. Fuentes de Moncloa trasladaron a Efe que, tras la votación, «se cierra un ciclo» al que no hay que dar mayor importancia ni valor político. No negaron que el proceso previo a esta ruptura ha sido «doloroso».

VICTORIA PARA EL PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró orgulloso de que haya salido adelante en el Congreso la reforma de la ley, en una votación que a su juicio evidencia la «responsabilidad» de su partido y «la ruptura» del Gobierno de España.

Destacó que «lo ocurrido en el Congreso es que hay ministras que han votado con la propuesta del PP y otras en contra. Y, lo más grave: hay vicepresidentas que han votado ‘sí’ a la reforma y otras, ‘no’».

La otra reacción, sorpresiva pues no parece que diga mucho en favor de la división de poderes, vino del ámbito judicial. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, consideró como «una gran noticia» la aprobación de la reforma, porque corrige «el efecto pernicioso que provocó» la modificación.

«Tenemos que felicitarnos y alegrarnos de que por lo menos se hayan puesto de acuerdo en algo tan crucial y tan importante como es la protección de las víctimas», manifestó Carmona, en un encuentro con periodistas.

Esta portavoz rechazó que las consecuencias derivadas de la ley del «solo sí es sí» sean culpa de los jueces y afirmó que es debido a la aplicación de la norma: «No quieren hacerlo; esto no es porque los jueces sean machistas, están perfectamente preparados, sensibilizados, concienciados, jueces y juezas. No es un problema de mala aplicación de la ley: es un problema de la ley y por eso se ha corregido».

En este sentido, Carmona adelantó que en las sentencias que está analizando el Poder Judicial los propios jueces advierten de que «no tienen más remedio que hacerlo» al aplicar la ley. No se entiende, por tanto, de qué modo entiende esta responsable que se supera el efecto pernicioso de la norma reformada.