EEUU blinda su frontera con medidas más restrictivas que el Título 42

Miles de migrantes de América Latina se dirigen a EEUU con la esperanza de que el fin del Título 42 les permita solicitar asilo en ese país. En la frontera les esperan 1.500 militares y 24.000 agentes de seguridad desplegados por el Gobierno de Joe Biden. Se trata de un pulso entre el hambre y la burocracia de un país incapaz de frenar la inmigración irregular.

EEUU sigue siendo el sueño de miles de personas que sufren cada día la violencia y la miseria en sus países carcomidos por la corrupción. El norte les ofrece la oportunidad de ganar dólares para mantener a sus familias que se quedaron atrás. Por ello, cualquier política migratoria que impone EEUU acaba fracasando ante la gran cantidad de gente que huye del hambre y la desigualdad en busca de una vida mejor. Desde la pasada medianoche, es historia la norma sanitaria del Título 42, que la puso en marcha el Gobierno de Donald Trump el 20 de marzo de 2020 para negar la entrada a EEUU a quienes sean considerados un peligro para la salud pública.

Pese a que, en un principio, el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, fue reticente, finalmente mantuvo esta normativa para evitar, en teoría, la propagación del coronavirus. Ello se ha traducido en la expulsión en caliente en los últimos tres años de 2,8 millones de personas a quienes se impidió solicitar asilo en EEUU. La medida afectó, principalmente, a quienes procedían de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y, en los últimos meses, también a los de Venezuela. Ello no impidió que se formaran caravanas de migrantes que demostraron que el Título 42 no era tan restrictivo, dado que muchas de esas personas lograron entrar al país al que anhelaban llegar tras entregarse a los agentes de inmigración.

Desde el pasado 5 de mayo, el coronavirus ya no es una emergencia sanitaria internacional, por lo que el Título 42 perdió todo su sentido. EEUU se queda así sin su principal política para negar la entrada a los migrantes, aunque a pocas horas de que expirara esta norma, Washington ya advirtió de que «la frontera está cerrada a la migración irregular». Para ello, anunció nuevas medidas represivas en los 3.200 kilómetros de su frontera sur con el despliegue de 1.500 militares y 24.000 agentes del orden con los que pretende disuadir a las miles de personas que se dirigen a ese país con la intención de trabajar y reagruparse con sus familias ya instaladas allí.

Por si fuera poco, desde hoy, los migrantes tendrán aún más difícil poder quedarse en EEUU. Al menos, esa es la intención de su Gobierno, que ha anunciado que considerará no aptos para solicitar asilo a las personas que hayan cruzado de manera irregular la frontera y no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía. En principio, serán expulsados a México o deportados a sus países de origen de manera inmediata, aunque, en realidad, será imposible vetar la entrada a las miles de personas que llegan cada día a la frontera, muchas de ellas acompañadas de niños pequeños, tal como lleva sucediendo en los últimos años.

MÉXICO, PRINCIPAL ALIADO DE EEUU

Según el Título 8 que sustituye al Título 42, los inmigrantes que sean expulsados tendrán prohibida la entrada en EEUU durante cinco años e incluso podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente al país. Para eso, Biden ya ha acordado con su homólogo Andrés Manuel López Obrador que México reciba hasta 30.000 migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba que EEUU prevé deportar al mes. Obrador ha sido el principal socio tanto de Donald Trump, como de Joe Biden a la hora de reprimir las caravanas de migrantes y encerrar a sus integrantes en centros de detención sin las mínimas condiciones, tal como puso de manifiesto el incendio del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas.

La gran diferencia a partir de ahora es que volverán a realizarse las entrevistas de «miedo creíble» en las que los migrantes explicarán por qué temen por su vida si regresan a su país. Luego se les abrirá un proceso judicial de petición de asilo que puede durar años, durante los cuales pueden residir en EEUU sin riesgo de ser deportados. Ese es el sueño de todos los que esperan el fin del Título 42 en las mexicanas ciudades fronterizas de Ciudad Juárez o Piedras Negras.

Otros temen que las medidas que se adopten sean peores a partir ahora y por eso han aprovechado los últimos días para cruzar el río Bravo saturando los albergues de El Paso y Brownsville, localidades fronterizas con México. Hasta ahora, ningún Gobierno estadounidense ha conseguido poner freno a la inmigración, que será imparable mientras no mejoren las miserables condiciones de vida en las que viven miles de personas al sur de ese país. Además, los Ejecutivos de esos países tampoco hacen nada para acabar con este éxodo, ya que sus economías se benefician de los miles de millones de dólares que los inmigrantes envían a sus familias como remesas.