Las personas europeas y unas pocas nacionalidades más con acuerdos de reciprocidad tendrán derecho a acudir a las urnas el próximo 28 de mayo, condenando, por enésima vez, a la gran mayoría de ciudadanos de origen extranjero a una situación de exclusión política y social, al no poder ver prácticamente representadas en las instituciones sus anhelos o propuestas.

Los datos son abrumadores: En Euskal Herria, cerca del 10% de la población ve siempre negado el derecho de sufragio, ante la pasividad de la mayoría de los partidos políticos. Es un círculo vicioso; si las personas migrantes no pueden votar, los partidos políticos no se preocupan por ellos, pues no suponen ningún rédito electoral.

Por lejanos que puedan parecernos y nos situemos como simples espectadores ante estos procesos migratorios, que casi siempre tienen un origen forzoso, no son nuevos para nuestro pueblo, son un hecho que existe y que va a persistir, por lo que el problema está en el propio sistema que no reconoce este hecho. Aun así, el mayor obstáculo no son las fórmulas técnico-jurídicas, sino el prácticamente inexistente debate social sobre el justo reconocimiento de los derechos políticos que les debieran corresponder.

La migración puede dar la impresión de competencia en sectores socioeconómicos concretos que nos quita el trabajo y las ayudas sociales. Durante años se ha construido ese falso relato, cuando en realidad son quienes sufren las peores posiciones laborales y sociales, condenados tantas veces a la mayor precariedad.

El miedo a que el sistema democrático actual peligre por la integración en la vida política de la migración existe, pero en realidad es justamente ese sistema el que debe estar en entredicho mientras el sufragio no sea real y efectivo. En rigor, solo a partir del reconocimiento de este derecho a las mujeres hablamos de sufragio universal, pero, ¿podemos hablar de universalidad cuando se excluye a un porcentaje no residual de nuestra población? Esta exclusión resulta un claro indicador del grado de calidad democrática del que gozamos.

El sufragio no puede subordinarse al reconocimiento del Estado mediante la nacionalización administrativa, es más, debe protagonizarlo la concepción más amplia del pueblo vasco, su sociedad civil: quien reside y vive en Euskal Herria, sin importar su procedencia. La residencia, el arraigo, como condición única que determine este derecho.

Las instituciones y el ordenamiento que rige su funcionamiento debieran ser reflejo de la sociedad en la que coexisten, por lo que la norma ha quedado ya obsoleta, pues los procesos migratorios son un hecho, y como tal han de ser tratados; como parte de la sociedad actual y futura de Euskal Herria. El no posicionarse al respecto, de facto, supone un posicionamiento activo contrario al reconocimiento universal de los derechos de todos los ciudadanos.

El argumento es simple: Quien reside en un municipio es destinatario directo de las políticas municipales, por lo tanto, es de estricta justicia que igualmente sea parte de sus elecciones.

Somos un país diverso, por lo que las políticas públicas deben ir dirigidas a satisfacer la cohesión social, incorporando y transversalizando la inclusión de las personas migrantes mediante políticas universales. En caso contrario, seguiremos perpetuando un sistema racista que genera fracturas sociales y degrada la propia conciencia democrática.

Hace tiempo que comparten nuestras obligaciones, es tiempo pues de equilibrar esta balanza y reconocer también sus derechos, procediendo, de una vez por todas, al efectivo sufragio universal. La lógica demográfica y social así lo exigen.

El arraigo de las personas migrantes se ha constatado que ayuda a sostener nuestro sistema de bienestar social, igual que es positivo para el desarrollo demográfico, económico y cultural de nuestro país. Esto es algo que la mayoría de la población ya percibe, por lo que las restricciones vienen de un Estado arcaico que no es capaz de adaptarse a la realidad de la globalización.

Evidentemente, si se busca una inclusión real de las personas migrantes, no podemos limitarnos al derecho de sufragio, pero sin duda resulta una medida ineludible en pos del reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos de todas las personas residentes en Euskal Herria.

Dejar a un lado los miedos a lo desconocido, y definir este proceso como lo que realmente supone: como una oportunidad de transformación, adaptación y avance hacia una sociedad más amplia y cohesionada, un sistema que refleje la realidad del pueblo vasco.

No supone perder privilegios, sino compartir compromisos.