V de Víctima. Víctima y tres veces víctima. En Euskal Herria esa es la realidad de las personas represaliadas por la violencia de Estado. Víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos primero, víctimas de la impunidad después y a todo esto hay que añadir la triple victimización que supone la discriminación sistemática en la esfera judicial e institucional.

Este 22 de mayo, en plena campaña electoral, se cumplen 85 años de la gran fuga protagonizada por cientos de presos políticos antifascistas en el Fuerte San Cristóbal, situado en el monte Ezkaba. Fue la mayor evasión de prisioneros en la historia reciente de Europa, 795 escaparon de ese infierno de piedra en los que el golpismo criminal los había encerrado. Solo tres consiguieron cruzar la frontera franquista; 206 de los fugados fueron cazados, asesinados y enterrados en fosas clandestinas. El resto fue detenido y encarcelado, 14 de ellos fueron fusilados varias semanas después. Los crímenes de Ezkaba son uno de los ejemplos más atroces de todas esas heridas que siguen abiertas en nuestro país.

El hermano de mi abuela fue uno de esos valientes jóvenes que huyeron de ese centro de exterminio hace ahora 85 años. También es uno de los asesinados, cuyo cuerpo todavía hoy permanece desaparecido. Los autores del crimen fueron guardias civiles, requetés y falangistas… ni ellos ni sus herederos, nunca, nadie nos ha dicho donde lo enterraron. No podemos olvidar que sobre esos crímenes se cimentó la dictadura durante cuarenta largos años. Décadas de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que nunca han sido reparadas. Aquí llega la segunda fase de victimización: la impunidad.

La impunidad fue la clave de la reforma controlada del franquismo tras la muerte del dictador. Su sombra es tan alargada que no se ciñe al periodo 1936-1978. La impunidad de la violencia de Estado también ha caracterizado los últimos 45 años de sistema constitucional español. La tortura es uno de los ejemplos más sangrantes. Actualmente en Euskal Herria ya nadie cuestiona que miles de personas han sido torturadas en los últimos sesenta años. Es más, existen informes oficiales, avalados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Gobierno Foral de Navarra, que constatan esos datos escalofriantes. La paradoja democrática es que vivimos en un país donde se reconoce la existencia de miles de personas torturadas, pero no se investiga, ni señala y mucho menos se juzga a los torturadores ni a los responsables políticos que al mando de esas estructuras han propiciado en algún grado que esa lacra haya existido.

Esa impunidad no se reduce a las víctimas del franquismo ni a las de la tortura. Son muchas más las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por los aparatos del Estado ante las que el relato oficial mira hacia otro lado. Desde el 3 de marzo de Gasteiz al 8 de julio de Iruñea, desde Intxaurrondo a Tres Cantos, desde la emboscada de Pasaia hasta la de Irunberri, desde Rosa Zarra a Iñigo Cabacas, desde La Cumbre a Herrera de la Mancha… la lista es tan escandalosa que debería hacer sonrojarse a cualquier autoridad competente que se permite el lujo de dar lecciones de memoria y convivencia. Porque a todo esto, además, hay que sumar la triple victimización a la que es sometida esta realidad: la discriminación.

Hace apenas una semana, también en campaña electoral, tuvo lugar un capítulo bastante esclarecedor de la discriminación oficial aplicada a las consecuencias de la violencia de Estado. El 15 de mayo de 1975, en pleno estado de excepción firmado por Franco, la Guardia Civil asaltó un piso en Gernika donde se escondían dos militantes de ETA. La razia se saldó con el trágico balance de cuatro personas fallecidas: los propietarios de la vivienda, Blanca Salegi e Iñaki Garai, murieron acribillados por los agentes del régimen. Un oficial jefe de la dictadura, el teniente Domingo Sánchez cayó en el tiroteo posterior y finalmente uno de los antifranquistas armados, Jesus Mari Markiegi «Motriko», fue atrapado en Ajangiz y ejecutado. La operación la dirigía el tristemente célebre capitán Hidalgo, un franquista despiadado que no dudó en exhibir, cual trofeo de guerra en la puerta del cuartel, el cuerpo ametrallado de Motriko durante varias horas.

Pues bien, con motivo de esta efeméride, un espacio público, regado y bien regado por el dinero de todos los contribuyentes, denominado Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo (también conocido popularmente como «Melitonium»), recordaba los hechos a su manera. Solo daba cuenta de la muerte del uniformado franquista y obviaba a las otras tres personas tiroteadas aquel día. Es solo un ejemplo de una discriminación estructural que padecen a diario las víctimas de la violencia de Estado. La discriminación entre víctimas se refleja en las políticas institucionales de memoria, se perpetúa en las leyes y en los tribunales.

Todas las víctimas deben tener los mismos derechos, pero la realidad no es esa, sino todo lo contrario. Ahora mismo las víctimas de la violencia de Estado son tres veces víctimas por culpa de la impunidad y de la discriminación. Revertir esta situación sigue siendo la gran aportación pendiente para la convivencia en Euskal Herria. Mientras llevemos marcada la triple V en la piel, nuestra memoria no se rendirá jamás.