Acuerdo para la reforma del asilo y el reparto de migrantes en la UE

Los ministros de Interior de la UE alcanzaron un acuerdo en torno a dos propuestas en las que se basará la nueva política de asilo europea; un mecanismo que agilice las denegaciones de asilo y otro en el que los Estados miembros puedan negarse a acoger refugiados procedentes de otros países comunitarios si pagan una cantidad de dinero.

Los ministros del Interior de la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo sobre dos aspectos clave de la reforma de la política migratoria, al término de una jornada en la que varios países, en particular Italia y Grecia, presentaron resistencias a las propuesta.

La reforma prevé un sistema de solidaridad entre los Estados miembros en la atención de los refugiados y un examen acelerado de las solicitudes de asilo de determinados inmigrantes en centros ubicados en las fronteras, para aquellos con la menor probabilidad estadística de obtener la condición de refugiado.

El objetivo será acelerar la expulsión de estas personas a sus países de origen o de tránsito.

Esta luz verde allana el camino para las conversaciones con el Parlamento Europeo, con vistas a adoptar la reforma antes de las elecciones europeas de junio de 2024, en un contexto en el que la tendencia es hacia una política migratoria cada vez más restrictiva y cada vez más cercana a los postulados de una extrema derecha al alza en varios de los socios comunitarios.

«Estas no son decisiones fáciles para todos en la mesa, pero son decisiones históricas», afirmó la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Su colega francés, Gerald Darmanin, coincidió en que «todo esto no es perfecto, pero es con este compromiso que lograremos ser más efectivos y, sobre todo, dar vida a la UE».

La comisaria de Asuntos Interiores de la UE, Ylva Johansson, acogió con satisfacción un «paso muy importante» para el Pacto de Asilo y Migración, presentado en septiembre de 2020, y que dará lugar a «una situación positiva para todos los involucrados» en Europa, en referencia a los Estados, no a los migrantes.

Polonia y Hungría votaron en contra de estas propuestas, mientras que Bulgaria, Malta, Lituania y Eslovaquia se abstuvieron, y tampoco están satisfechos con el texto.

Previamente, hasta una docena de Estados miembros, incluidos Italia y Grecia, habían expresado su oposición o sus reservas sobre las propuestas sobre la mesa.

Un nuevo texto de compromiso intentó entonces satisfacer al mayor número de Estados posible y, en particular, a los países mediterráneos.

Italia exigía que los migrantes a los que se les ha denegado el derecho de asilo puedan ser devueltos a países que la UE califique como «seguros» por los que han pasado, incluso si no existe un vínculo particular entre el refugiado y este país. Una idea que encontró la hostilidad de Alemania.

La minista alemana de Interior había exigido en este punto que «las familias con niños pequeños no deberían estar sujetas al procedimiento fronterizo».

PAGAR POR NO RECIBIR REFUGIADOS

El segundo de los textos aprobados por los ministros prevé la solidaridad obligatoria pero «flexible» dentro de la UE en la atención de los solicitantes de asilo.

Los Estados miembros estarían obligados a acoger a un determinado número de estos solicitantes que lleguen a un país de la UE sujeto a presiones migratorias o, en su defecto, a realizar una contribución financiera a dicho país.

La compensación económica rondaría los 20.000 euros por cada solicitante de asilo no reubicado.

Se trata de un intento de encontrar un equilibrio entre los países mediterráneos de primera llegada, que querrían reubicaciones automáticas en otros países, y aquellos como Hungría o Polonia que se niegan a que se les impongan demandantes de asilo, si bien no fue suficiente para estos.

Los Gobiernos húngaro y polaco se niegan a que les impongan la acogida de solicitantes y ven la contribución financiera como una multa «que no será aceptada por los ciudadanos«. según el ministro polaco, Bartosz Grodeski.

AL PARLAMENTO EUROPEO

El reglamento de gestión del asilo y la migración está llamado a sustituir al reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro de la Unión es responsable de examinar una solicitud de asilo.

Tras el pacto entre los socios comunitarios, deberán comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo, colegislador de la UE junto a los países. De esas conversaciones saldrán los textos legislativos definitivos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, elogió un «avance» por el acuerdo alcanzado y enfatizó que su institución estaba lista para comenzar las conversaciones.