Varios informes técnicos encargados por el Gobierno de Lakua han constatado que el vertedero de Zaldibar presenta «riesgos ambientales severos» a causa de los peligros que encierran los restos del colapso, pero también por los escasos trabajos de mantenimiento realizados, que hacen que la masa de residuos acumulada sea muy vulnerable. Los informes técnicos advierten de que el paso del tiempo no hace sino empeorar la situación y proponen la realización de dos trabajos urgentes: en primer lugar, la ejecución de una cubierta artificial temporal que impermeabilice los restos del vertedero para, posteriormente, proceder a su sellado definitivo.

Las conclusiones de los técnicos son, desde luego, poco tranquilizadoras. El vertedero de Zaldibar continúa siendo un peligro latente. Más sorprendente, sin embargo, resulta la parsimonia del Ejecutivo para actuar y cerrar definitivamente ese desastre. No parece que Lakua haya sacado ninguna enseñanza de lo que ocurrió hace ya más de tres años. Entonces los informes técnicos previos al colapso ya habían detectado graves irregularidades y habían alertado de que existían importantes riesgos, pero ninguno de estos avisos sirvió para que el se actuara con la debida diligencia. Y la consecuencia ya conocida fue el derrumbe del vertedero provocando la mayor catástrofe ambiental de la historia reciente de Euskal Herria: un millón de toneladas de residuos cayeron sobre la AP8 y la avalancha se llevó la vida de dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Da la impresión de que Lakua está dejando en manos de la dueña del vertedero la finalización de los trabajos para su estabilización y sellado. Aunque sea responsabilidad de Verter Recycling proceder a su cierre, resulta bastante evidente que una empresa en liquidación no completará los trabajos pendientes. Y cuando las sociedades mercantiles quiebran y desaparecen, no suele quedar nada ni nadie a quien exigir responsabilidades. Las pérdidas y los trabajos sin completar se socializarán, terminarán siendo asumidos por el Gobierno y pagados por el conjunto de la ciudadanía.