Omisión criminal del deber de auxilio a los náufragos

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de Refugiado, una fecha con la que la ONU busca fomentar la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas, y concienciar de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Según los datos de Naciones Unidas, cada minuto 24 personas abandonan todo lo que tienen para huir de la guerra, la persecución o el terror. La Cruz Roja afirma que el número de personas refugiadas y desplazadas internas está en máximos históricos, con más de 110 millones en todo el mundo. En este contexto, las organizaciones humanitarias de Euskal Herria denunciaron las numerosas trabas que las administraciones estatales ponen a las personas que llegan para que puedan ejercer su derecho a pedir asilo.

Con todo, en la actualidad la situación más trágica y más urgente está ocurriendo en el mar. La semana pasada desaparecieron más de 500 personas en la costa griega ante la inacción y desidia de los guardacostas helenos. Una tragedia similar ocurrió anteayer en la ruta hacia Canarias con 34 personas desaparecidas y dos más muertas como consecuencia de la tardanza -totalmente injustificada- en la llegada del rescate. Otras se evitan gracias a la intervención de las organizaciones humanitarias. Así, tras un largo periodo amarrado a la espera de permiso, el barco de salvamento Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, apenas zarpó y tuvo que rescatar a 172 personas después de que informara de la necesidad de salvar a varias embarcaciones y no recibiera respuesta de las autoridades, y de que, en algún caso, esta fuera negativa. Ejemplos todos ellos que muestran que los estados europeos no están cumpliendo las leyes internacionales que exigen disponer de un servicio de salvamento adecuado, colaborar con otros estados para garantizar la seguridad marítima y que los supervivientes reciban auxilio, independientemente de su nacionalidad o situación jurídica.

Imperceptiblemente los estados europeos se están desentendiendo del deber de auxiliar a los migrantes que naufragan en sus costas, una obligación que está recogida en las normas internacionales. Una actitud inhumana y criminal.