La Justicia intenta asaltar a la democracia para apartar a la izquierda

La vieja política de Guatemala no quiere que gobierne la izquierda que ha prometido limpiar la corrupción. El último intento de sacar de las elecciones al candidato de Movimiento Semilla a la Presidencia, Bernardo Arévalo de León, lo protagonizó un juez que, a instancias de la Fiscalía, ordenó suspenderlo jurídicamente. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se negó a ilegalizar el partido.

La Justicia intentó poner entre las cuerdas a la democracia de Guatemala dejando a la ciudadanía sin la posibilidad de votar en la segunda vuelta de las elecciones al candidato que quedó en segundo lugar en los comicios del 25 de junio. A pocos minutos de que se oficializaran los resultados electorales, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunciaba que, a petición suya, el Juzgado Séptimo había ordenado la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, un partido de izquierdas que irrumpió sorpresivamente en las elecciones y que podría llegar a gobernar si gana a su rival, Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El objetivo de la Fiscalía, en connivencia con un Juzgado, es que Arévalo de León no pueda disputar la Presidencia, dejando vía libre así al partido que quedó tercero en las elecciones y que, casualmente, es el oficialista Vamos al que pertenece el actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Para lograrlo, el fiscal, que desde el 2022 está incluido en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, se aprovechó de una denuncia que una persona interpuso respecto a que había sido inscrita en este partido con una firma falsa. Curruchiche ha liderado investigaciones contra una treintena de fiscales y jueces que persiguieron la corrupción en la pasada legislatura, lo que les obligó a exiliarse en EEUU para evitar la prisión.

Ahora ha ido más allá tras solicitar la ilegalización del partido de izquierdas en base a un caso denominado «Corrupción Semilla», tras la denuncia de un ciudadano, en mayo de 2022, quien confesó haber sido adherido «ilegalmente» a esta formación. La Fiscalía revela que «existen indicios de que, posiblemente, más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente falsificándoles su letra y firma» y de que fueron inscritas «12 personas fallecidas». También acusa al partido del delito de lavado de dinero u otros activos por haber recogido firmas para la conformación de Semilla pagando siete quetzales (menos de un euro) por cada una de ellas.

EL TSE DESOYE LA ORDEN JUDICIAL.

Curruchiche trató de dejar sin su voto a las más de 650.000 personas que respaldaron a Arévalo de León, quien ha pedido «desobedecer» la la orden «ilegal y anticonstitucional» y ha presentado una denuncia penal contra el jefe de la FECI por el delito de «prevaricato y otra serie de abusos que están siendo cometidos». El Juzgado Séptimo dejó la pelota en el tejado del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, al que ordenó la suspensión jurídica de Semilla, si bien este organismo se negó salvaguardando así la democracia del país centroamericano.

Concretamente, el TSE señaló que se debe respetar la «voluntad ciudadana expresada en las urnas», por lo que convocó a la segunda vuelta del 20 de agosto entre los dos partidos que alcanzaron el mayor número de votos: Semilla y UNE desoyendo así la orden emitida por el Juzgado Séptimo. Se basa en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, que establece que «no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado».

La presidenta del TSE, Irma Palencia, fue la primera en defender la democracia al mostrarse firme nada más conocer la orden de suspensión jurídica de Semilla y remarcar que no supone ni la repetición de las elecciones ni la eliminación de la candidatura de Bernardp Arévalo de León.

El Juzgado y la Fiscalía se fueron quedando solos según pasaban las horas, dado que incluso la confederación empresarial de Guatemala, que normalmente se alinea con los postulados del Ejecutivo, recordó que la Ley Electoral prohíbe suspender a un partido después de la convocatoria de una elección. Opinó que es «imperativo respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas».

EEUU y la UE adoptaron una postura similar al rechazar cualquier injerencia judicial que «amenace la democracia electoral de Guatemala».

La ciudadanía también ha comenzado a protestar en las calles para defender la democracia y ha convocado movilizaciones masivas como las que realizadas en 2015 en la llamada «primavera guatemalteca».