Escudo social, necesidad básica en un sistema que pide cambio

En una legislatura marcada por la inestabilidad, primero a causa de la pandemia y luego por la guerra en Ucrania, el llamado escudo social ha sido uno de los mayores estandartes del Gobierno español. Ahora, el reto está en que esos avances sociales se amplíen y se perpetúen.

En marzo de 2020, con la pandemia causando estragos, entró en vigor el denominado escudo social, unas medidas especiales para ayudar a las personas más vulnerables y facilitar una recuperación económica y social «justa y equitativa» en una situación que se presentaba como temporal. Tuvo un enfoque multidimensional, pero se centró especialmente en cuestiones como el empleo, la vivienda y la energía.

La primera medida, y una de las de mayor impacto, fueron los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), con el fin de evitar despidos y cierres de empresas. El sector público asumió la mayor parte de los salarios de los trabajadores mediante prestaciones y exoneró a las empresas de las cotizaciones. Se calcula que 4,1 millones de personas y 550.000 empresas se beneficiaron de esta medida.

También se habilitó un Fondo Social Extraordinario para reforzar la asistencia a personas dependientes y otro para garantizar la alimentación de menores de familias en situación de vulnerabilidad. En el ámbito de la vivienda, se suspendieron los desa- hucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, se prorrogaron los contratos de alquiler durante 6 meses y se aplicó una moratoria hipotecaria y rees- tructuraciones o quitas parciales de deuda en arrendamientos de grandes propietarios. Además, se prohibieron los cortes de suministros y se decretó una suspensión en la obligación del pago de créditos (préstamos de estudio, bienes al consumo, etc.).

UNA PRÓRROGA TRAS OTRA

El covid se alargó casi dos años y, con ello, también sus consecuencias socioeconómicas. De esta forma, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos no tuvo más remedio que prorrogar una y otra vez esas medidas. Lo hizo cada seis meses y siempre con el apoyo de las fuerzas soberanistas y de izquierdas, como EH Bildu y ERC, que llegaron a pedir más ambición. Por su parte, el PP mantuvo una actitud ambigua, evitando posicionarse claramente en contra de las ayudas sociales, pero intentando desgastar al Gobierno.

Ya en 2022, cuando el virus comenzaba a ser algo del pasado, llegó la guerra en Ucrania, que ha afectado a la economía europea. Llegaron otras ayudas, como el descuento de 20 céntimos por litro en carburantes y la rebaja del IVA a los alimentos básicos para hacer frente a la galopante inflación.

Pero más allá de los problemas puntuales como el covid o la guerra, la situación de inestabilidad va mucho más allá. Desde hace ya unos años el orden económico mundial vive grandes turbulencias, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos como gran exponente. A esto hay que sumarle el reto que supone el cada vez más acuciante cambio climático y los cambios tecnológicos, como la inteligencia artificial. No estamos ante una situación coyuntural, sino ante una reestructuración de la economía mundial que, de momento, genera inestabilidad y riesgo de pobreza para una gran parte de la población.

TRAS LAS ELECCIONES, ¿QUÉ?

Ante ello, las medidas del escudo social cada vez se ven más como una necesidad básica. De hecho, el Ingreso Mínimo Vital va en la dirección de no abandonar en la pobreza a parte de la población, y se podría decir que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en la última legislatura tienen el mismo objetivo; aunque los 1.080 euros actuales todavía parecen escasos, en 2018, con el PP en el Gobierno, era de 736 euros.

Así que no son pocas las voces que piden que estas medidas sean permanentes. EH Bildu y ERC son quienes más han insistido. «El escudo social es el instrumento para proteger a las personas vulnerables. Usted sabe, igual que yo, que aunque el apocalipsis no ocurrió, hay problemas para mucha gente y es por ello que todas las medidas de este escudo social deberían mantenerse y ampliarse con otras nuevas», le dijo Mertxe Aizpurua a Pedro Sánchez en mayo teniendo en cuenta que la última prórroga culminaba el 30 de junio.

El presidente del Gobierno español se limitó a señalar que lo evaluaría «en función de la coyuntura». Finalmente, la coyuntura ha resultado ser un mal resultado en las elecciones municipales para PSOE y Unidas Podemos y unas elecciones generales anticipadas. Con la cita electoral a la vuelta de la esquina, Sánchez ha decidido prorrogar la mayoría de las medidas del escudo social, aunque ni de lejos parece que las vaya a convertir en permanente, tal y como piden sus socios.

Tras el 23 de julio habrá que ver cuál es la correlación de fuerzas. Bien podría gobernar el PP apoyado en Vox y dar paso a su ya anunciada «derogación del sanchismo» o el PSOE apoyado en sus socios de los últimos cuatro años. Aunque estos últimos ya han dicho que no van a dar gratis su apoyo y exigirán más avances.