El Gobierno español ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, cuya explotación cesó en 2013, aunque fue desconectada de la red a finales de 2012. Diez años más harán falta para desmontar definitivamente el artefacto radioactivo. En cualquier caso, la noticia es motivo de alivio y alegría en Euskal Herria, puesto que su desaparición aleja el peligro nuclear del territorio vasco. Es, asimismo, una importante victoria del movimiento popular, que logra su objetivo tras una larga campaña de lucha y movilización ciudadana.

No obstante, el modo en que se ejecutará la liquidación de la central muestra los peligros y costes ocultos de una tecnología extremadamente peligrosa. Junto con el inicio del proceso, el Ejecutivo español autorizó la transferencia de titularidad de la instalación a la empresa pública Enresa, que será la encargada del desmantelamiento. Esta decisión socializa las pérdidas, cuando las ganancias de la explotación se las apropiaron las eléctricas Iberdrola y Endesa, que presumen además de multimillonarios beneficios. El Gobierno español, asimismo, gastará 475 millones de euros y creará 350 puestos de trabajo para llevar a cabo el desarme de la instalación, un gasto que presenta como una inversión dentro de la estrategia de transición ecológica. Sin embargo, no es más que la imprescindible limpieza de los que otros ensuciaron y que ya no funciona. En esa suma no está incluido el coste de la gestión de los residuos nucleares para los que, a falta de mejor plan, se ha preparado en los alrededores un Almacén Temporal Individualizado. Este deposito transitorio tiene todos los visos de convertirse en definitivo, con el consiguiente peligro de contaminación en la zona de influencia de la central.

El desmantelamiento de Garoña coincide con la decisión de Japón de verter al mar hectómetros de agua radioactiva acumulada tras el accidente de Fukushima. Una decisión que entierra el principio de prudencia, que ha puesto en pie de guerra a los pescadores y a la población de los países limítrofes y que confirma que los costes reales de la energía nuclear se manifiestan cuando las centrales se clausuran.