Gran Bretaña aprueba la polémica ley antiinmigración que restringe el asilo

El Parlamento británico adoptó ayer la controvertida ley contra la inmigración irregular impulsada por el Gobierno, que restringe drásticamente el derecho al asilo y acelera las deportaciones, y que fue criticada por Naciones Unidas, que subrayó que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas.

El Parlamento británico adoptó en la madrugada de ayer una controvertida ley sobre inmigración que prevé impedir que las personas migrantes llegadas a Gran Bretaña de forma irregular puedan pedir asilo en el país y acelera su deportación.

Después de que la Cámara los Comunes rechazara una serie de enmiendas que buscaban rebajar la dureza de la nueva legislación, los tories lograron finalmente el visto bueno de la Cámara de los Lores, por lo que el texto tendrá que ser ratificado por el rey Carlos III.

El texto es una iniciativa clave para el primer ministro, el conservador Rishi Sunak, que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular. Sunak prometió «detener» las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.

La ley, muy popular entre los tories, provocó numerosas críticas en Gran Bretaña y también de la ONU, que ayer consideró que entra «en contradicción» con las obligaciones de Gran Bretaña respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados. «Tendrá profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional», insistieron el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los migrantes no tendrán «garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país» al que serán expulsados, denunció la ONU, que estima que la ley «crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado».

El Gobierno acusa a los migrantes en situación irregular de «saltarse la fila de espera» en detrimento de quienes llegan al país por «vías seguras» o legales. Sin embargo, «la mayoría de las personas que huyen de la guerra o de la persecución no tienen acceso a documentos como pasaportes o visados», responde la ONU. «Las vías seguras o ‘legales’ pocas veces están disponibles para estas personas», añade.

Esta legislación permitirá a Gran Bretaña acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes sus países de origen o a terceros países, como Rwanda, independientemente de su procedencia.

El año pasado, Gran Bretaña alcanzó un acuerdo con Rwanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se ha llevado a cabo ninguna expulsión. El primer vuelo en el marco de este pacto, previsto en junio de 2022, fue cancelado a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A finales de junio, la Justicia declaró ilegal ese proyecto, pero el Ejecutivo anunció que recurrió el fallo ante el Supremo.

ENMIENDAS

El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, pues la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna.

Aunque los lores han tratado de sacar adelante algunas medidas para proteger a la comunidad LGTBI y establecer rutas seguras para solicitantes de asilo, estas medidas finalmente no han sido introducidas en el texto.

La ley fue enviada de vuelta a la Cámara de los Lores el lunes a última hora después de que estas enmiendas fueran vetadas por los diputados de la Cámara de los Comunes.

Por otro lado, unos 500 solicitantes de asilo serán instalados en un pontón, amarrado en un puerto inglés, para reducir costes de alojamiento en hoteles. La barcaza Bibby Stockholm, que llegó ayer a Portland, ha sido calificada por ONG de «barco-prisión».