Finalmente, aunque dividido, el Gobierno de Lakua ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional español contra la Ley de Vivienda porque el PNV dice que invade competencias. Los tres consejeros del PSE no piensan así. Lakua apela al siguiente Ejecutivo español a acercar posturas para evitar el recurso. El contexto es importante. A tres días de las elecciones, sin tiempo para arrancar las negociaciones que posibilitarían -o no- reeditar el Gobierno de Pedro Sánchez, el PNV quiere marcar posición. Según han explicado repetidas veces los jeltzales, en Madrid quieren recuperar su relación preferencial con Moncloa, mientras en Euskal Herria intentan combatir la creciente credibilidad de EH Bildu. La elección del terreno de juego, la Ley de Vivienda y el TC, es como mínimo sorprendente.

Los diputados jeltzales hicieron caso omiso a la plataforma Stop Desahucios, que demandó a los representantes vascos que apoyasen esa ley. Votaron en contra. Mientras tanto, ayuntamientos como el de Donostia -cuyos precios de alquiler han subido un 50% desde que Eneko Goia es alcalde- demandaban seguridad jurídica para tomar medidas. Ahora han aprobado estudiar el sistema de zonas tensionadas, a petición precisamente de la sociedad civil. Según una reciente encuesta de Aztiker, el 78% de los vascos está a favor de que se regulen los precios de alquiler. En el ámbito de las competencias, juristas como Juanjo Álvarez ya explicaron que no existe invasión competencial porque la norma estatal solo concede la opción de establecer esas medidas, sin restringir la autonomía vasca. Los jeltzales no escuchan ni a los suyos. Presentar un recurso al Tribunal Constitucional español como un ejercicio de rebeldía soberanista del PNV frente a la docilidad de EH Bildu es rocambolesco. En este recurso el Gobierno de Iñigo Urkullu coincidirá con el de Isabel Díaz Ayuso, entre otros.

El PNV no ha desarrollado la ley vasca de 2015 -contra la que votó junto al PP- y ahora se rebela contra esta norma estatal no por soberanismo, sino porque defiende intereses opuestos. El PNV defiende a las constructoras, a los grandes propietarios y el rentismo. Y especular, hasta en política.