La última noticia de un acto de censura perpetrado en un ayuntamiento gobernado desde las últimas elecciones municipales por PPVOX es la cancelación de una magnífica obra documento titulada “La infamia”, que narra las vicisitudes de una periodista mexicana secuestrada por un cártel para que parase de informar sobre sus actividades. Es una buena obra, con una singularidad, la interpretan dos actrices que se reparten las actuaciones y que recibieron un premio Max ambas por esta labor.

Poco importa de qué va la obra en cuestión, lo que importa es la infamia que se está estableciendo con una rapidez vertiginosa, la cancelación de obras contratadas por el equipo de gobierno anterior, asunto que crea una inseguridad jurídica impresionante. Además, con la misma falaz argumentación: falta de presupuesto, cuando en la costumbre administrativa lógica, no se contrata nada que no tenga el respalda presupuestario suficiente aprobado.

Podemos detectar algo que acostumbra a suceder con excesiva frecuencia, que sea un acto de confianza entre quien programa y quien es contratado y no se haya formalizado de manera fehaciente el contrato formal. Una confirmación telemática, de palabra, por los medios actuales puede ser suficiente documento, pero no estaría de más de que la parte contratada empezara a exigir confirmación firmada y sellada de fechas, condiciones técnicas y económicas y demás asuntos concurrente.