El gobierno de Nayib Bukele implantó un cerco militar a todo un departamento, el de Cabañas, con 8.000 efectivos militares y policiales. La excusa es, como siempre, la lucha contra las pandillas que estarían escondidas en ese departamento. «En las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse», dijo el presidente.

El Gobierno había impuesto cercos militares en ciudades y municipios, pero esta es la primera vez que lo hace en un departamento completo, agrícola y ganadero, productor de caña y café, en el centro del país. Se trata del sexto cerco desde la implantación del régimen de excepción un año y medio atrás, que ha instalado un Estado policial encarcelando más de 70.000 personas, en prisiones que son verdaderos campos de concentración donde murieron ochenta presos.

El estado de excepción suspende las garantías de los ciudadanos que han sido detenidos de forma arbitraria, sin pruebas ni órdenes de captura. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado «el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, torturas y desapariciones, muerte de reos bajo custodia y la censura y persecución contra las voces críticas» (“El País”, 1 de agosto de 2023).

La escalada represiva no se detiene, toda vez que un parlamento domesticado aprueba todas las iniciativas de Bukele y la opinión pública aplaude la militarización. Una reciente reforma judicial permite juicios masivos a grupos de 900 personas, lo que llevó al obispo de San Salvador, José Luis Escobar, a pedir que se tome en cuenta el principio de inocencia.

Para los organismos de derechos humanos la militarización del país y el operativo en Cabañas recuerdan los operativos «tierra arrasada» que lanzaba el Ejército contra la guerrilla durante la guerra en El Salvador. Pero a la vez denuncian que el objetivo consiste en «aterrorizar, callar y detener la lucha contra las minerías y contra toda injusticia social que mantienen las comunidades de esas zonas».

La guerra contra las pandillas oculta una realidad mucho más tenebrosa. Andrés McKinley, experto en agua y minería, sostiene que está en juego el agua y la vida en El Salvador. Hace seis años la minería metálica fue prohibida en El Salvador para defender las escasas fuentes de agua, con una excepcional unanimidad en la población y en el sistema político. «El Salvador es un país que ya sufre de una profunda crisis hídrica en términos de calidad y cantidad, dejando al país con la menor disponibilidad de agua per cápita en Centroamérica» (“El Faro”, 27 de marzo de 2023).

Ahora el gobierno de Bukele quiere revitalizar la minería. Según McKinley, se trata de un gobierno «cercano a las empresas mineras transnacionales y en búsqueda desesperada de nuevas fuentes de ingreso para el Estado», cuando «los ríos más importantes se están secando, los acuíferos más estratégicos alrededor del país están agotándose y, según el mismo Ministerio de Medio Ambiente, más de 90% de las aguas superficiales está gravemente contaminada».

Falta lo más importante: «El norte de Cabañas ha sido por muchos años un punto de interés para empresas transnacionales para explotar oro y plata. Entre 2000 y 2017, empresas canadienses y australianas se toparon con la feroz oposición de comunidades afectadas». En enero de este año, el gobierno encarceló a cinco defensores del agua pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y a la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas.

Se los acusa de haber participado en un crimen durante la guerra, que está incluido en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, en el marco de los Acuerdos de Paz. Todos los capturados tienen una larga historia de lucha por el desarrollo sostenible en Cabañas, en defensa del agua y contra la minería metálica, dejando claro que la motivación real del Gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona», insiste McKinley.

La página “Gato Encerrado” entrevistó a Vidalina Morales, una de las lideresas de Cabañas, quien aseguró que los detenidos tuvieron un rol protagónico en la resistencia que las comunidades de Cabañas hicieron para evitar la instalación del proyecto minero el Dorado, de la compañía canadiense Pacific Rim (hoy Oceana Gold).

«La lucha antiminera tuvo su origen en Cabañas. Luego que las comunidades comenzaron a preocupar o alertar, acudieron a varias organizaciones y entre ellas estaba ADES», dijo Morales (“Gato Encerrado”, 12 de enero de 2023). Días después, el hijo de Morales fue detenido como parte de «cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia», dijo Vidalina.

Más aún, en Cabañas los líderes comunitarios que resistieron la minería denunciaron públicamente que fueron víctimas de persecución, amenazas, hostigamiento judicial, difamación y vigilancia. En 2009, los líderes de la lucha contra la minería, identificados como Dora Alicia Sorto Recinos, Gustavo Marcelo Rivera Moreno y Ramiro Rivera Gómez fueron asesinados en Cabañas.

Como puede observarse, la guerra salvadoreña (y centroamericana) nunca finalizó. Sólo cambiaron sus formas y sus modos. Los actores son los mismos en estos cinco siglos: grandes capitalistas -oligarquía de la tierra antes y multinacionales ahora- contra los pueblos originarios que se oponen a entregar sus tierras y aguas a la minería.

Como ha sucedido siempre, el capital busca imponerse a través de la violencia indiscriminada que los pueblos padecen desde hace cinco siglos. Nada indica, sin embargo, que vayan a abandonar su resistencia, porque no tienen dónde ir si sus tierras y aguas son depredadas y contaminadas. Ironía de la historia, Bukele fue miembro del FMLN luego del conflicto y ahora es el encargado de continuar la guerra de despojo siguiendo la huella de los escuadrones de la muerte.