El pasado 18 de julio el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián aprobó ceder a la Fundación Basque Culinary Center (BCC), por un periodo de 75 años, el uso privativo de la parcela de equipamiento comunitario de Manteo con objeto de posibilitar en ella la construcción de su segunda sede, destinada a «la creación y explotación de un centro para la creatividad, innovación y desarrollo» de la actividad gastronómica.

Como ya es conocido en la ciudad, esta decisión forma parte de una operación urbanística para la que, a mi entender de forma injustificada, nuestras administraciones asumen la práctica totalidad (más del 90%) de su financiación, ya que, según se ha hecho público repetidamente, sobre un coste estimado de veintiséis millones de euros, el Gobierno Vasco aportará dieciocho millones (69,23%); la Diputación de Gipuzkoa seis millones (23,08%) y el Basque Culinary Center, tan sólo los dos millones restantes (7,69%), todo ello, como ya se ha dicho anteriormente, sobre una parcela cedida por el propio Ayuntamiento de Donostia.

No es objeto de este escrito cuestionar la calidad del proyecto presentado por el equipo danés BIG (Bjarke Ingels Group) porque, incluso en el supuesto de que el edificio que finalmente se construya llegara a ser un icono arquitectónico, sería igualmente discutible el sistema planteado para su financiación. Por lo tanto, no se trata de hacer la crítica, positiva o negativa, de un proyecto arquitectónico, sino de analizar un problema urbanístico, de valorar cómo custodiamos y gestionamos nuestro patrimonio, en este caso un suelo público de gran interés debido a su localización preferente y a sus características formales.

Parece que hemos asumido hasta tal punto nuestra imagen de destino turístico que no dudamos en convertir nuestra ciudad en un escaparate gastronómico, pero creo que podemos decir, aquí y ahora, que nos estamos equivocando. Resulta un poco repetitivo tener que escuchar siempre que estas son operaciones que producen un retorno económico para la ciudad; sin embargo, se obvia absolutamente que estamos convirtiendo a Donostia en un mero objeto de deseo y de intercambio en el marketing de ciudades y, al mismo tiempo, estamos infravalorando las consecuencias negativas que esta apuesta está generando en la calidad de vida de muchos donostiarras. En este sentido, creo que tendríamos que reconsiderar este tipo de actuaciones de manera que podamos seguir justificando ser dignos merecedores de la espléndida ciudad que heredamos de nuestros mayores.

En realidad, nos desprendemos de lo público con una alegría y una despreocupación dignas de mejor causa: financiamos la construcción del nuevo edificio de una entidad de carácter privado, como es el BCC, damos el suelo en concesión y dentro de unos años plantearemos su venta, lo mismo que se acaba de proponer para el estadio de Anoeta, con el argumento de que el ingreso obtenido sirva para financiar la reurbanización de su entorno urbano. Nos quema lo público y al parecer lo único que sabemos hacer con ello es quitárnoslo de encima y (mal) venderlo; lo que, como bien sabemos, sólo quiere decir pan para hoy y hambre para mañana. Podríamos recordar a Tony Judt cuando decía que «si dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley que la fuerza».

Reconozco que cuando se anunció esta operación urbanística pensé que en algún momento se produciría una rectificación por parte de las administraciones implicadas. Sin embargo, por el contrario, de forma sorprendente se mantiene y se avanza en los mismos términos de la propuesta inicialmente planteada, arrastrando, al parecer de forma un poco timorata, el compromiso de realizar los 90 alojamientos dotacionales (apartamentos para jóvenes y mayores) todavía pendientes de construir a pesar de estar previstos en el plan general de ordenación urbana, vigente desde hace más de trece años.

Muy a mi pesar, tengo que terminar diciendo que, a mi entender, nos encontramos ante una operación urbanística realmente insólita, injustificable, desconcertante e inexplicable, y con unas peligrosas connotaciones de injusto privilegio para una entidad, la Fundación Basque Culinary Center, a la que, a futuro, no le hará ningún bien haber sido objeto de semejante trato de favor por parte de tres miembros de su patronato como son el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.