Junto al diagnóstico de situación, Sare trasladó una petición clara al futuro Gobierno español: «La derogación, o cuando menos su adaptación a las actuales circunstancias, mediante modificaciones parciales, de la legislación excepcional creada hace 20 años. O cuando menos su interpretación de acuerdo al contexto en el que nos encontramos».

Y es que recordaron que esta legislación es principalmente de 2003 (la era de Aznar), «sus contenidos han quedado superados» y «son objeto de crítica por diferentes sectores del mundo académico y judicial, en absoluto conniventes con las personas presas o la organización a que pertenecieron».

Antes de llegar a este punto, Azkarraga e Iturbe respondieron a algunas consideraciones externas sobre sus demandas. Primero aclararon que cuando plantean «Etxera» están diciendo que los presos «deben poder iniciar el camino de regreso a casa y que esto puede hacerse desde la aplicación de una política penitenciaria ordinaria».

En consecuencia, «no se entiende que se hable de ‘amnistía camuflada’ o ‘impunidad’ cuando nos estamos refiriendo a personas que llevan de media 20 años de privación de libertad, con una media de edad sobre los 50 años, con cuadros de salud preocupantes en muchos casos...»

Añaden que sus condenas se deben a acciones que en general tuvieron lugar antes del 2000. Y sin olvidar que «han llegado a las cárceles vascas después de más de dos décadas de encarcelamiento en condiciones absolutamente inaceptables, frontalmente contrarias a los derechos humanos». Así que «no son tratos de favor o privilegios. No».

A partir de ahí lanzaron varias preguntas al aire: «¿A quién le conviene esta situación? ¿Quién tiene interés en que se perpetúe? ¿Qué sentido tiene el alargamiento de estas situaciones de prisión? ¿Qué mal se conjura con el mismo? ¿Qué beneficio social genera? ¿A qué objetivo, en el plano de la convivencia y la reconciliación, sirve?».

Sare introduce también una reflexión novedosa sobre quién debe gestionar los procesos de reintegración de estas personas. «El control debe ser ejercido por la misma sociedad a la que van a regresar. Es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, los procesos a seguir por la aplicación de una legislación ordinaria deben ser diseñados, dirigidos y propuestos y aceptados por la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y judiciales. Ese control no puede estar en manos de personas que no conocen el país, ni a la sociedad vasca, ni a estas personas, que no son capaces de calibrar hasta qué punto se encuentran plenamente capacitadas para retornar a la sociedad y hasta qué punto esta sociedad está dispuesta a aceptar dichos procesos».

En conclusión, «el control con puente de mando de la Audiencia Nacional debe desaparecer».