La decisión de Japón de deshacerse del agua radioactiva contaminada de la central de Fukushima ha generado una fuerte oposición tanto en el interior del país, especialmente entre los pescadores, como en el exterior, sobre todo en Corea, Nueva Zelanda, Islas de Cook y China. En este último país ya se ha prohibido la importación de productos de pesqueros procedentes de Japón.

Tokio justifica su decisión en un informe que encargó a la Agencia Internacional de la Energía Atómica y que avaló la propuesta de Japón al afirmar en sus conclusiones que es «consistente con las normas internacionales». Manifestar que el planteamiento es congruente con ciertos preceptos no quiere decir que esté exento de riesgos. Y los peligros son considerables, ya que nadie sabe qué efectos puede tener un vertido tan prolongado -calculan que Japón necesitará al menos treinta años para deshacerse de todas las aguas contaminadas que no han podido filtrar- en la cadena alimentaria a medida que las sustancias radioactivas se vayan acumulando. Tampoco está claro dónde terminarán esos isótopos radioactivos, que según los modelos se dispersarán por el océano, aunque también pueden acabar concentrados en determinados lugares. Existe un riesgo real que el Gobierno de Japón no puede trasladar arbitrariamente ni a los países limítrofes ni tampoco al resto del mundo. El principio de precaución exigiría que el agua contaminada tras el accidente nuclear de Fukushima se mantuviera bajo control el tiempo que fuera necesario para evitar que se convierta en una amenaza incontrolada para la salud de la gente y el medio ambiente.

El problema es que mantener el agua radioactiva bajo control supone un gasto que la empresa propietaria no está dispuesta a asumir. Son los costes ocultos de la energía nuclear, que nunca se toman en consideración, simplemente porque no sería rentable, como muestra fehacientemente el caso de Fukushima. Cuando llegan suele terminar pagándolos la sociedad y el medio ambiente, como pretende hacer ahora el Gobierno de Japón con una decisión inaceptable. El que contamina tiene la responsabilidad de descontaminar.