Un día después de que se hiciera público que el Juzgado de Azpeitia ha sobreído una de las dos querellas interpuestas por la Diputación Foral -entonces presidida por Bildu- por irregularidades en la autopista AP-1, concretamente en relación al pago de la liquidación de 40,7 millones de euros a las constructoras del tramo Arlaban-Eskoriatza, GARA ha podido conocer por fuentes judiciales que la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa reclamó la elaboración de un informe pericial independiente sobre esa liquidación final millonaria. Pero la titular del Juzgado de Primera Instancia número de 2 de Azpeitia no aceptó este requerimiento por considerar que la elaboración de este informe tendría un «elevadísimo coste».

En su escrito, fechado el 2 de julio de 2021, el Ministerio Público consideraba que la causa se caracteriza por su «extrema complejidad y tecnicismo de los hechos», por lo que estimaba «necesaria» la elaboración de «una prueba pericial independiente que esclarezca la verdadera realidad de los hechos, determinando si, efectivamente, fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar tramo Arlaban-Eskoriaza norte».

Es decir, la Fiscalía reclamó un informe independiente que ayudase a aclarar si se había producido un pago irregular a las constructoras por parte del Gobierno foral guipuzcoano en un caso que reconocía técnicamente complejo.

NECESARIO «POR LAS CONTRADICCIONES» DE LAS PARTES

El Ministerio Público, en su requerimiento, justificó la necesidad de dicha investigación «por las absolutas contradicciones que presentan los informes periciales de parte obrantes en la causa». La jueza, en cambio, decidió que este peritaje era demasiado caro y rechazó la petición.

Ante ese escenario, la Fiscalía reclamó el sobreseimiento de la causa, que finalmente fue decretado por la titular del Juzgado de Primera Instancia número de 2. El motivo para adoptar ese posicionamiento, obviamente, fue que al carecer del informe pericial solicitado no se podía acreditar si había irregularidades o no en el pago de la liquidación.

«Consideramos que el informe pericial independiente constituye un elemento indispensable para poder esclarecer los hechos que dan lugar al presente procedimiento seguido por varios delitos de malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales y falsedades documentales», destacaba la Fiscalía en aquel escrito.

«Teniendo en cuenta la imposible realización del mismo en los términos solicitados», el Ministerio Público concluye que no puede hacer otra cosa que solicitar el sobreseimiento de la pieza, «dado que de las diligencias practicadas no resulta debidamente justificada la perpetración del delito» que dio lugar al inicio de la causa judicial por iniciativa de la propia Diputación hace ya ocho años.

SIN CERRAR LA PUERTA A RECONSIDERAR LA DECISIÓN

Todo ello, proseguía el escrito fiscal, «sin perjuicio de que si surgieran nuevos elementos de prueba podríamos reconsiderar nuestra posición».

Es decir, en la misma solicitud de sobreseimiento se avanzaba que, en el caso de que aparezcan nuevos elementos probatorios, la Fiscalía apoyaría proseguir con la investigación de los hechos denunciados. La elaboración de ese informe pericial independiente, claro está, habría sido la forma más eficaz para la aparición de esos nuevos elementos, si los hubiere.

En el auto de sobreseimiento firmado ahora por la jueza instructora de Azpeitia se reconoce expresamente que «no se ha considerado proporcionado» encargar un nuevo informe pericial «dado el coste presupuestario» que supondría su elaboración. Y de ahí pasa seguidamente a constatar que «no se han acreditado los hechos recogidos en la querella» presentada.