Buñuelos de viento

Ver para creer. Con motivo de la guerra de Ucrania y a fin de paliar sus efectos económicos negativos, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó a bombo y platillo una ayuda en pago único de 200 eurazos/año, para quienes tenían un bajo nivel de ingresos. Eso sí, ¡las solicitudes debían hacerse necesariamente online!

El gobierno dijo que beneficiarían a 2,7 millones de personas, pero solo ha habido 1,3 millones de peticiones (los formularios online parecen estar hechos adrede para que la gente desista de solicitarlas), de las que solo se han aprobado la mitad. Es decir, el gobierno ha concedido únicamente el 23% de las ayudas anunciadas y se ha ahorrado el 77% de éstas. La campaña mediática con la que anunció las medidas le ha salido barata. Las ayudas eran buñuelos de viento.

Se nos dice y repite que la crisis que padecemos se debe a la pandemia, la guerra de Ucrania y el cambio climático. Según esto, el capitalismo y sus perversas truculencias no parecen tener nada que ver con aquella. De todas formas, ¡casualidad!, la crisis caída del cielo no ha golpeado a los de arriba (farmacéuticas, banca, energéticas...), que llevan años obteniendo beneficios de juzgado de guardia, sino, sobre todo, a la gente de abajo.

Cuatro de las principales multinacionales farmacéuticas -Pfizer, Moderna, BioNTech y Sinovar- obtuvieron durante 2021 y 2022 unos beneficios de 90.000 millones de dólares. Aun cuando muchas vacunas fueron logradas gracias a una generosa financiación pública (¿para cuándo una política que potencie la investigación, producción y distribución farmacéutica pública y dejar de hacer la cama a tanta mafia?), estos mercaderes de la salud se han aprovechado de la situación para obtener unos beneficios de escándalo.

Algunas de las principales medidas del gobierno destinadas a paliar la grave situación social existente (recortes en el IVA, ayudas a la compra de carburante...), han sido, por su cuantía y duración, poco más que simbólicas. Además, en vez de entrar a saco contra las escandalosas ganancias de las grandes empresas que se han aprovechado de la situación (bancos, IBEX 35, cadenas de alimentación), las ayudas se han financiado con cargo a las arcas públicas, siendo finalmente absorbidas por los perversos mecanismos del sagrado mercado.

El pasado junio, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó: «Mi visión es que la cadena alimentaria está funcionando bien, consiguiendo que haya alimentos y bebidas a precios razonables». Ni siquiera parpadeó al decirlo. Sin embargo, las asociaciones de consumidores (OCU, Facua-Consumidores en Acción...), afirman lo contrario. Esta última ha calculado que casi la mitad de los alimentos afectados por la rebaja del IVA cuestan hoy más que antes de aprobarse la medida y denuncia al gobierno por su falta de inspección y control. Añade además que «se ven subidas de precios fruto de la especulación por los intereses de los grupos de supermercados para mantener o incrementar sus márgenes de beneficio», señalando en concreto a Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona.

El capo di capi de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aplaudido las medidas de reducción del IVA y ha afirmado que cualquier fijación de los precios de los alimentos por el Gobierno sería pura «programación soviética». Es decir, que el Estado deje de ingresar dinero vía reducciones de impuestos está bien, pero que las multinacionales de la alimentación vean recortados sus beneficios está mal. Lo de siempre: que sea el Estado quien pague los platos rotos de la crisis y que la sagrada y obscena libertad de mercado no la toque ni dios.

Algo parecido ha sucedido con la subvención a la gasolina. Duró hasta finales del año pasado, salvo para los transportistas, que aún permanece. Pero estas últimas semanas estamos viendo cómo los precios se han disparado hasta cuantías similares a las fechas anteriores a la concesión de aquellas. El esquema es el mismo: el Estado reparte subvenciones temporales a los consumidores para capear la indignación popular inicial, mientras que el marco del negocio de las multinacionales energéticas sigue siendo intocable.

En el ámbito financiero, como consecuencia de la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, el coste de las hipotecas se ha disparado. Quienes pagaban de media 1.000 euros al mes ahora tienen que abonar casi 1.400. No es de extrañar así que 2022 ha sido el mejor ejercicio de los últimos años para la Banca y que para algunos -BBVA y Santander- sus beneficios hispanos hayan sido los más altos de su historia. Es evidente así que el benévolo impuesto sobre sus ganancias extraordinarias aprobado el pasado año no les ha afectado mucho y se ha quedado muy corto.

La macroeconomía y sus grandes números suele tener poco que ver con la microeconomía de la gente de a pie. En las economías domésticas lo que manda es la cesta de la compra, las hipotecas y alquileres, los sueldos, la atención sanitaria... Y lo que se ve y se palpa a estos efectos no es la situación edulcorada de la que habla el Gobierno, sino, sobre todo, las abusivas subidas de los alimentos (el Banco de España lo llama «dinamismo de los precios»), los intereses bancarios disparados, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones y el deterioro de la sanidad pública. Pero a los de arriba, los números que les preocupan no son los de los precios del supermercado, ni los de las facturas del gas o la luz, sino los de las cotizaciones de Bolsa.

Se acerca 2024. Es bisiesto. Un día más de trabajo por el mismo sueldo. Si solo fuera esto, no estaría mal, pero el 31 de diciembre se acabará el recreo. La Comisión Europea retomará la contención del gasto y la imposición de topes al déficit y a la deuda pública; es decir, vuelta a las andadas: volverán los recortes. No hace falta ser un lince para prever que los mismos no afectarán a los presupuestos militares (subieron para 2023 un 25% y está previsto un incremento similar para 2024), sino a las partidas más sociales. ¿Va una cena?